A mes y medio de la aprobación de la ley de amnistía aún no se tiene un camino claro de cómo se va a poner en práctica, ya que la Comisión a cargo, que encabeza la Secretaría de Gobernación, no ha publicado detalles del procedimiento que deben seguir las personas que buscan extinguir su pena o la investigación o proceso penal en su contra, así como detalles sobre los criterios para conocer y evaluar los casos, acusaron organizaciones. En tanto ya se han presentado las primeras solicitudes. 

En conferencia de prensa, Equis Justicia para las Mujeres y Documenta informaron que el 1 de julio pasado presentaron ante la Comisión de Amnistía solicitudes de extinción de la pena para dos personas privadas de la libertad. Se trata de una mujer originaria de Oaxaca y de un joven del estado de Sinaloa que, en hechos separados, fueron imputados por la comisión de delitos contra la salud. 

El primer caso, corresponde a una mujer de 35 años, zapoteca, quien se desempeñaba como costurera. Fue detenida cuando, por primera vez, realizaba la transportación de marihuana en un camión de pasajeros con destino a la Ciudad de México; ello a cambio de la cantidad de dos mil pesos. Esta mujer fue sentenciada por un juez federal a seis años y seis meses de prisión. 

En el segundo caso, se solicita amnistía para un joven de 20 años de edad que, hace dos años, “accedió sin tener pleno conocimiento, por temor y mediante engaños a transportar metanfetamina a través de la frontera entre México y Estados Unidos”, por lo que se le condenó a poco más de 3 años de prisión en una corte de ese país, y después fue extraditado a una prisión federal mexicana. 

De acuerdo con las abogadas Viridiana Valgañon, de Equis Justicia para las Mujeres, y Nohemí Juárez, de Documenta, ambos casos evidencian cómo distintas formas de vulnerabilidad social “y un sistema de justicia punitivo, desprovisto de un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, se traducen en penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la constante criminalización de grupos históricamente vulnerados, entre ellos: personas indígenas, mujeres, jóvenes en situación de pobreza, personas consumidoras de drogas”. 

Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, señaló que las personas encarceladas son de las poblaciones en mayor riesgo por la pandemia de Covid-19, debido al hacinamiento en el que se encuentran y a que más del 90 por ciento de quienes están adentro han señalado que carecen de productos de higiene. 

“Un enorme porcentaje no cuenta con agua potable dentro de su celda. Todo esto crea condiciones propicias para que el virus se esparza y avance. Por eso tenemos tenemos una tasa de mortalidad 2.3 veces más alta dentro de las prisiones”, dijo. 

Al respecto, María Sirvent, directora de Documenta, refirió que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al 2 de agosto había mil 974 personas encarceladas contagiadas de Covid-19 y 180 decesos. Sin embargo, podría haber un subregistro, afirmó.