El mandamiento judicial fue librado por Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el 4 de julio de 2019.

Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del juzgado primero de amparo, señaló que el juez de control consideró pertinente librar la orden de captura solicitada por el Ministerio Público Federal por estar justificado y fue debidamente fundado y motivado, ya que para su emisión en el sistema penal acusatorio y oral ya no es necesario ni se exige la acreditación de la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad, sino sólo es necesario establecer que se ha cometido un delito.

No asiste razón a la quejosa en el sentido de que la autoridad judicial responsable viola su garantía de debido proceso, así como los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica.

Agregó que la orden de aprehensión como la combatida es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del juez que la dictó para la audiencia de formulación de la imputación.

Entre los datos de prueba, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que Hellene Eckes y Gilda Lozoya, prófugas de la justicia, formaron parte de la red para el lavado de dinero.

El 5 de agosto de 2013 se ordenó transferir un millón 200 mil dólares como parte del pago por la adquisición del bien inmueble ubicado en territorio nacional (en Zihuatanejo, Guerrero), el cual fue adquirido por medio de un fideicomiso, por ser una propiedad localizada en el litoral mexicano, por un precio de un millón 900 mil dólares.

El fallo señala que una vez que el PRI ganó las elecciones presidenciales en 2012, y cuando Emilio Lozoya asumió el cargo como titular de Pemex en octubre de 2013, los representantes de Odebrecht prometieron entregar 6 millones de dólares para obtener resultados favorables en la adjudicación del contrato para el aprovechamiento residual en la refinería Miguel Hidalgo, conocido como Tula I, propuesta que se aceptó.

El 28 de enero de 2014, en cumplimiento de lo acordado, señala el resolutivo de la juez federal, se emitió el dictamen de adjudicación directa y el contrato de obra pública por un billón 436 millones 398 mil pesos.