Una vez que obtuvo la libertad condicional, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá continuar con otros juicios que emprendió para recuperar las cuentas bancarias que le fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El amparo más reciente es el 156/2020, interpuesto en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, en contra de la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de confirmar la sanción que le impuso la SFP, que lo inhabilitó durante 10 años por mentir en su declaración patrimonial.
Este juicio fue promovido por la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) el 13 de marzo pasado, un mes después de que fue aprehendido en Málaga, España, país del que fue extraditado el 16 de julio.
Recuperaría derecho a ocupar cargos públicos
Lozoya impugna temas procesales, como la falta de derecho de audiencia por parte de la SFP. De ganar el juicio, el ex funcionario podría recuperar su facultad para ocupar cargos públicos.
Desde noviembre del año pasado, los abogados defensores del ex funcionario interpusieron el amparo 744/2019 ante el juzgado octavo de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, en contra del aseguramiento de la residencia en el fraccionamiento La Retama, en la calle Ladera número 20, colonia Lomas de Bezares, que según la causa penal 211/2019 Lozoya habría adquirido mediante el dinero que el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), le depositó a través de la empresa Tochos Holding.
Este amparo le fue negado en primera instancia, y luego recurrido ante el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, cuyo fallo, en junio pasado, ordenó modificar la sentencia, pero sólo para efectos procedimentales, por lo que el trámite continúa en el de origen.
Finalmente, la defensa de Lozoya ha promovido cuando menos tres amparos en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF, todos los cuales le han sido negados en primera instancia.
Se trata de las cuentas bancarias que, de acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la FGR, se utilizaron para triangular ingresos ilegales e intentar ocultar los obtenidos mediante actos de corrupción.
