Mexicali. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se pronunció porque el presidente Andrés Manuel López Obrador firme un decreto para regularizar los vehículos "chocolate" que transitan en la frontera, pero advirtió que no se trata de una legalización.

Explicó que la propuesta de decreto se haría en Baja California, pero la firmaría López Obrador.

"El gran problema que tenemos con la Federación es que se sienten agredidos por lo económico; todo es cuestión de dinero para ellos, y para nosotros es de seguridad", señaló al tiempo de informar que el gobierno federal presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Instituto de ldentidad Vehicular, el cual posibilitaría la regularización de vehículos extranjeros para transitar por la entidad.

Después de tres meses, Bonilla Valdez visitó la capital de Baja California, toda vez que despacha desde Tijuana, su ciudad natal, aunque ponderó que ha estado "en espíritu". Se comprometió a estar cada domingo en Mexicali porque la entidad "es muy larga y muy ancha".

En conferencia de prensa, el morenista también dio a conocer que la siguiente semana le propondrá a López Obrador la firma de un convenio para que el gobierno estatal recaude los impuestos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para quedarse con lo que corresponda a Baja California.

Sobre la eliminación del Consejo de la Judicatura, aprobada en el Congreso local a partir de una iniciativa suya, dijo que se convirtió en una agencia de colocación de empleos con un costo anual de 80 millones de pesos.

El Poder Judicial (del Estado) deja mucho que desear, justificó, "decidieron cerrar las puertas por la pandemia y los jueces y magistrados son los últimos que se van a integrar a trabajar".

Rechazó que se trate de una intromisión, porque cualquiera puede presentar una iniciativa y si se aprueba pues es una decisión del Congreso local.

El 31 de julio el Congreso local decidió, por mayoría calificada de Morena y sus aliados, reformar la Constitución local en lo concerniente al Poder Judicial, incluida la eliminación del Consejo de la Judicatura.

Magistrados y jueces se pronunciaron por participar en el proyecto de reforma del Poder Judicial, toda vez que fueron excluidos en la propuesta del Poder Ejecutivo.