Ciudad de México. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México instaló este sábado el Parlamento Abierto en el mes de la Persona Mayor, con la finalidad de recabar propuestas ciudadanas de modificación y observaciones a un paquete de 19 iniciativas en materia de derechos para dicho grupo de población en rubros como salud, atención preferencial, protección patrimonial, justicia y educación.
Dentro del paquete figura una propuesta de reforma a la Constitución Política capitalina que agrega a los derechos que las personas mayores ya tienen reconocidos otros como el de la salud mental, una nutrición adecuada, educación, apoyos para el emprendimiento, trabajo remunerado, vivienda o alojamiento adaptado a sus necesidades, así como descuentos, exenciones en bienes y servicios y beneficios sociales.
El proyecto plantea adicionar además que el sistema integral de atención de la ciudad incorpore medidas que permitan a las personas alcanzar un envejecimiento activo y digno, que limite su dependencia y desarrolle su autonomía personal, además de promover la solidaridad intergeneracional, así como una protección jurídica efectiva y la protección de su patrimonio.
La presidenta de la Comisión, Marisela Zúñiga Cerón, de Morena, presentó durante junio las 19 iniciativas que se elaboraron –algunas con acompañamiento del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sibiso) y la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM)– y este sábado dio por inaugurado el proceso de Parlamento abierto, en cumplimiento con el artículo 25 de la Constitución local, que permite a la ciudadanía presentar propuestas de modificación, dentro de un plazo de no menos de diez días a partir de la publicación de la iniciativa, pero en este caso el periodo se mantendrá abierto todo el mes, a través de un micrositio en el portal del Congreso en Internet.
Entre el paquete de iniciativas tres son en materia penal para establecer sanciones agravadas en delitos como homicidio, lesiones, robo, fraude, despojo y cohecho, cometidos en contra de personas mayores; a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia sobre las diligencias con mayores de 60 años; a la Ley de Justicia Administrativa respecto de protocolos de atención a ese grupo de población, al Código Civil respecto de la registro extemporáneo y rectificación de actas; a la Ley de Educación sobre enseñanza para el envejecimiento y a la Ley de derechos de las personas adultas mayores en materia de trato preferencial.
