Ciudad de México Este jueves le colocaron al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, el brazalete electrónico en el tobillo derecho, con el cual permanecerá bajo vigilancia policíaca y deberá acudir a firmar el libro de procesados el próximo 1 de agosto en el Centro de Justicia Penal federal con sede en el Reclusorio Norte, ya que enfrenta dos vinculaciones a proceso por delitos de operación con recurso de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho.
Fuentes judiciales señalaron que la defensa legal del ex funcionario, acompañado por agentes ministeriales y un actuario, acudieron al Hospital Ángeles del Pedregal, donde Lozoya Austin es atendido por Síndrome de Barret y anemia. Ahí los trabajadores de la empresa le colocaron el dispositivo electrónico.
El miércoles, luego de una audiencia de casi 14 horas donde por segunda ocasión se le vinculó a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionados con la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el abogado Miguel Ontiveros aseguró que el ex director de Pemex permanecería en el hospital privado hasta el sábado; sin embargo, esta fecha podría adelantarse.
Incluso reiteró que "el señor Emilio Lozoya está dispuesto a denunciar a quienes instrumentaron a las instituciones del Estado mexicano, personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, y en su momento lo dará a conocer con nombres, cargos, hechos y circunstancias que rodearon el aparato organizado de poder que se alejó del Estado de Derecho.
Luego de haber sido vinculado a dos procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, el ex director de Pemex podrá salir del hospital donde se encuentra y alojarse en una vivienda en acuerdo con la FGR, a fin de continuar con las negociaciones para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público y aportar información que lleve a sancionar a altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos, actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública durante administraciones anteriores.
