Ciudad de México. La implementación del nuevo sistema de justicia laboral en la Ciudad de México representará una carga presupuestal de alrededor de mil millones de pesos, al crear el Centro de Conciliación a cargo del gobierno central y al menos 60 juzgados adscritos al Poder Judicial local, estimó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.
El legislativo aprobó ayer en comisiones el proyecto de dictamen que homologa diversas disposiciones de la Constitución Política capitalina con la reforma a la Constitución federal de 2017 en materia de justicia laboral y la reforma a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes secundarias del año pasado, que deberán implementarse a más tardar el 1 de mayo de 2022.
El dictamen establece como plazo el 15 de diciembre del próximo año para que el Congreso expida las leyes secundarias correspondientes y realice adecuaciones al marco normativo vigente para la operación del sistema, aunque al haber ya varias iniciativas presentadas en la materia dieron por hecho que se concluirá mucho antes –aunado a que para esa fecha habrá concluido la actual legislatura– a fin de permitir que se tomen las previsiones presupuestales correspondientes.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, de Morena, dijo que si bien esta reforma significará “un parteaguas” en el régimen laboral, “representará un gasto presupuestal muy grande que puede llegar a rebasar los mil millones de pesos”.
Explicó que la mayor inversión se hará en los juzgados laborales del Poder Judicial, dado que la reforma constitucional federal establece que la actual Junta Local de Conciliación y Arbitraje deberán concluir los asuntos que tiene en trámite y para eso van a pasar varios años.
La reforma crea el Centro de Conciliación Laboral como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, al que deberán acudir las partes en conflicto antes de la intervención de los tribunales.
También adscritos al Poder Judicial, deberán crearse juzgados de los laboral burocrático, para conocer de los conflictos entre las instituciones públicas de la ciudad y sus personas trabajadoras.
