Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó hoy a Emilio "L", ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. 

En su oportunidad, el acusado hizo la siguiente declaración: “de manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación.

“En el marco de mi compromiso de colaborar con esta investigación di instrucciones en España para que se agilizaran los trámites de mi extradición, precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad.

“Quiero hacer de su conocimiento su señoría (dijo al juez) que con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”, dijo Alex director de Pemex.

Los representantes de la FGR informaron que de las investigaciones realizadas se ha establecido que Emilio “L” conoció a De Meneses Weyll cuando éste era representante de Odebrecht en México y le señaló “que en caso de que su partido ganara, tendría un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”.

Respecto de la vinculación que estableció como funcionario público, la FGR mencionó: “recibió 10.5 millones de dólares como resultado de sobornos y se asoció con su madre, esposa y otra persona, con el propósito de delinquir. Esto es así toda vez que su hermana era la propietaria de la cuenta bancaria.

“Se le imputa el delito de cohecho, cuando siendo director de Pemex se reunió en las oficinas de la empresa con los representantes de Odebrecht y le solicitaron su apoyo para resultar beneficiarios de contratos de obras publicas y le prometieron seis millones de dólares (a cambio de serles asignadas) diversas obras como (ocurrió en) la Refinería de Tula, faltando al principio de objetividad como servidor público”.

También, los agentes del Ministerio Público expusieron que Emilio “L” presentó a empresarios mexicanos con los representantes de Odebrecht “para que hiciera(n) alianzas”, y que “algunos contratos (que) se debieron hacer públicos (y otorgarse) por licitación (se asignaron de manera directa), y como director no lo hizo, faltando al principio de imparcialidad”.

Respecto de las transferencia ilícitas, la FGR mencionó que a la madre de Emilio “L” se le hicieron dos depósitos, el primero por 185 mil dólares y el segundo por un millón 200 mil dólares los cuales fueron destinados a la adquisición de una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y que el ex director de Pemex “tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero.

“Usted solicitó a través de una empresa de Odebrecht que los pagos se debían hacer a la empresa de la cual usted era beneficiario, porque en ningún momento usted entregó referencia y designó a su hermana como beneficiaria”, dijeron los fiscales.

Asimismo, puntualizaron que Emilio “L” ordenó “la transferencia a su madre a una cuenta radicada en México en la que estaba designado como co titular”.

En lo que se refiere a la adquisición de la residencia en Ixtapa Zihuatanejo, los fiscales informaron que en esta operación “se hizo una transferencia a otra mujer” y que esta adquisición “la quiso justificar en la Secretaría de la Función Pública para ocultar la naturaleza del inmueble que adquirió por contrato de fideicomiso donde incluso estaban sus hijos” y que ese acuerdo “estableció que tenía la obligación de transferir la propiedad a su esposa”, y que su cónyuge “se alió con un representante legal que fue secretario de administración de Altos Hornos de México.

“Por lo anterior, la FGR le imputa los delitos de operaciones de procedencia ilícita, por transferir recursos del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito y comprar bienes para ocultar el origen del recurso; asociación delictuosa y cohecho”, informaron los representantes del Ministerio Público, los cuales también puntualizaron que a estas imputaciones se sumaron los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ésta última como uno de los denunciantes en este caso.