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Alberto Fernández presenta en Argentina proyecto de Reforma Judicial

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Alberto Fernández, presidente de Argentina, al presentar el proyecto de ley en la Casa Rosada. Foto Afp
29 de julio de 2020 20:07

Buenos Aires. “Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”, dijo este miércoles el presidente argentino, Alberto Fernández, al presentar públicamente el proyecto de ley de Reforma Judicial, uno de sus grandes compromisos al asumir el gobierno el 10 de diciembre de 2019.

En un memorable discurso, en el que se refirió a los duros períodos vividos por la justicia en las dictaduras militares que se sucedieron en el país el mandatario dijo “nunca más a una política  que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno (…). Es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para poder tener un mejor Estado de derecho".

Destacó la necesidad de que “el  sistema judicial se apegue a las normas y se abstraiga de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia”, y mencionó a las normas constitucionales que dan poder a la justicia de disponer “hasta de nuestras libertades, y nuestros bienes. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.

En su recorrido histórico hizo referencia a los cambios producidos en los golpes militares comenzando por los años 30  que en principio instaló “un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales y el  punto culminante fue durante la última dictadura militar (1976-1983) “que no solo asaltó al Estado de Derecho, sino que además hizo prevalecer sus Estatutos Básicos por sobre la misma norma constitucional”.

Los últimos cuatro años que precedieron a su gobierno estuvieron “signados por reglas que afectaron las reglas de imparcialidad”, al aludir a la gestión de Mauricio Macri, entre las que destacó el decreto 257, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal y que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hoy intervenida “volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitirse una vez más el manejo de fondos reservados y participar de pesquisas judiciales”, mientras se cuestionaba a los jueces que expresaran independencia lo que se  tornó tan cotidiano como la manipulación de otros  respondieran a los intereses del poder de turno, destacó.

En ese contexto, “la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, mencionó.

El mandatario explicó que “la totalidad de los juicios en cursos quedarán en jurisdicción de los jueces que actualmente le estén tramitando”, y aseguró que se busca superar “que el poder decisorio se reduzca a un pequeño número de magistradas y magistrados, que en la actualidad tienen la posibilidad de conocer y decidir sobre la mayoría de las causas con relevancia institucional y mediática (…). Ese nivel de concentración tampoco sirvió  para que la justicia sea desarrollada con la eficacia adecuada. Los tiempos procesales permitieron impulsarlos o detenerlos según el poder político de turno”.

En los próximos días sería enviada por el Ejecutivo al Congreso para su análisis y tiene como principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionar los doce juzgados criminales con los once de penal económico, duplicando su número para facilitar las tareas de esta área de la justicia que  trata  los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción. Declaró que lo impulsa reclamar un cambio para fortalecer el Estado de Derecho. “Sólo busco restablecer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron”.

Por otro lado, se encontraron nuevas pruebas de cómo se ordenaba desde la presidencia, entregar dinero a las empresas, como el caso de Vicentín (300 millones de dólares) y otras sumas millonarias, que no pasaban por ningún control, con datos inobjetables que comprometen cada vez más al ex presidente Macri.

 

 

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