El ex funcionario comparecerá por videoconferencia, desde el hospital privado donde se encuentra, ante un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y en ella conocerá de manera formal los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Las imputaciones derivan de las pruebas que ha obtenido el Ministerio Público federal y que lo señalan como responsable de haber recibido 9.15 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de relacionar a los representantes de la compañía con políticos mexicanos, así como entregarle contratos de Pemex a esa compañía.

La segunda causa penal derivó de una denuncia presentada por la representación jurídica de Pemex, según la cual durante la gestión de Lozoya Austin la petrolera adquirió la compañía Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, con un sobreprecio por más de 200 millones de dólares. Además, el funcionario conocía que la planta adquirida requería de una inversión superior a 4 mil millones de dólares para reactivar su producción de fertilizantes, ya que tenía años sin operar.

El viernes pasado, el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza recibió la solicitud de la FGR para desahogar la audiencia relacionada con las causas penales 211/2019 y 261/2019.

Además de Emilio Lozoya, la justicia mexicana ha obtenido órdenes de aprehensión contra Marielle Helene Eckes (esposa), Gilda Margarita Austin (madre, ya sujeta a proceso penal), Gilda Susana Lozoya (hermana) y Nelly Maritza Aguilera Concha, corredora de bienes raíces involucrada en la compraventa ilegal de una residencia.

En esta primera audiencia, el juez de control deberá verificar si la aprehensión de Lozoya Austin, concretada en España con fines de extradición, cumplió con todos los requisitos legales.

También deberá informar al detenido de los delitos que se le imputan, y éste será el momento en que podrá recurrir al criterio de oportunidad, es decir, que Lozoya acepte reparar los daños que causó a cambio de no ser procesado.

Sólo después la FGR podrá formular su solicitud para que Lozoya sea considerado testigo colaborador, como ha manifestado el gobierno federal.