En el marco del periodo extraordinario de sesiones del Congreso, el próximo miércoles 29 de julio la senadora petista Geovanna Bañuelos presentará en la Cámara Alta una iniciativa de Ley General de Salud Mental que ha sido repudiada por diversas organizaciones civiles y personas con discapacidad sicoemocional, por considerar que se trata de un proyecto “discriminatorio y retrógrada” que únicamente oficializa algunas de las malas prácticas en este terreno que ya existen en la actualidad. 

La mencionada iniciativa fue presentada por vez primera el 29 de noviembre del año pasado por la bancada del PT en el Senado. El texto fue turnado a las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, las cuales aprobaron el dictamen el 24 de marzo de 2020, ante la inconformidad de colectivos civiles que pidieron que dicho proyecto no avanzara. 

El pasado 26 de junio, el equipo de asesores de la senadora Bañuelos se reunió con diversos colectivos para escuchar sus críticas, y aunque no aceptó desistirse de presentar la iniciativa, prometió modificarla para tomar en cuenta las observaciones. 

Pese a ello, el 17 de julio la Junta de Coordinación Política del Senado incluyó la propuesta en el periodo extraordinario y aprobó llevarla al Pleno. La presión de diversos colectivos llevó a Bañuelos a que los días 23 y 24 de julio presentara modificaciones al dictamen, afirmando que ya incluía observaciones de organizaciones civiles como Documenta, la cual negó que sus puntos de vista hubieran sido considerados. 

De acuerdo con Carlos Ríos, investigador de Human Rights Watch en asuntos de discapacidad, la propuesta de la senadora petista es prácticamente igual a una que se presentó en 2017 en la Cámara de Diputados, y que desde entonces fue rechazada por grupos especializados en el tema por considerar que sólo oficializa una óptica paternalista que considera a las personas con conflictos sicoemocionales como objetos, y no como sujetos con derechos. 

“Hay una idea de que los internamientos hospitalarios pueden ser por tiempo indefinido. La propuesta de la senadora establece que sería hasta por 72 horas, pero cuando los funcionarios de salud lo determinen, puede ser por más tiempo, a través de una resolución judicial”, lo cual equivale prácticamente a un acto de detención arbitraria, señaló.

En el mismo sentido, Ilse Gutiérrez, integrante de los grupos civiles SinColectivo y Orgullo Loco México, alertó que entre los puntos más preocupantes de la iniciativa está el hecho de que permite la internación de una persona cuando un siquiatra considere que ello es necesario –incluso en contra de su voluntad--, y promueve la canalización de menores de edad al sistema de hospitales siquiátricos, en vez de buscar otras alternativas de tratamiento para ellos. 

De igual forma, establece que la única persona que puede determinar el alta de un paciente es el siquiatra a cargo, quien incluso puede ordenar la realización de cirugías u otros tratamientos que pueden resultar irreversibles, sin dejarle ningún margen de intervención u opinión a las personas internadas. 

La iniciativa de Bañuelos, agregó Gutiérrez, está redactada con algunos conceptos o adjetivos que a su consideración pueden resultar discriminatorios o criminalizantes, como hablar de la “incapacidad” de las personas con condiciones siquiátricas –a algunas de las cuales considera “inimputables”-- o llamar “farmacodependientes” a los usuarios de sustancias sicoactivas. 

Aunque en fechas recientes el equipo de la senadora recibió a algunos de los críticos de la iniciativa y escuchó sus puntos de vista, “sólo toman notas y notas, nos dejan hablar y nos preguntan qué proponemos. Al final nos dan las gracias, cierran la conversación y se escudan en que este tipo de encuentros ya son ‘tomar en cuenta a la sociedad civil’, y no. Sólo sirven para darnos largas y después decir ‘ya se aprobó’”. 

En opinión de Víctor Lizama, coordinador del equipo de consultores de la organización civil Documenta, la propuesta de ley sólo hará oficial diversas prácticas negativas que ya existen hoy, como la limitación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad sicoemocional, los tratamientos forzosos y otras violaciones graves de derechos humanos. 

El especialista enfatizó que se trata de una norma “discriminatoria” que no debió haberse presentado ante la Cámara Alta, y menos como parte de un periodo extraordinario, por lo que descartó que una iniciativa así se pueda tomar como base y simplemente modificarla para decir “refórmenla para que nos afecten menos o nos discriminen poquito”. 

Por lo anterior, Lizama consideró que en vez de lanzar propuestas de este tipo, lo ideal sería reformar el capítulo de salud mental de la Ley General de Salud, con un enfoque de derechos humanos, donde las personas usuarias de servicios siquiátricos tengan plenas garantías en el marco de un modelo distinto al “capacitismo” y el “cuerdismo”. 

De dichos conceptos, dijo, “surgen todas las percepciones que colocan a las personas con discapacidad como seres inferiores, incapaces y potencialmente peligrosos. Para ellas, hay que buscar que tengan tratamiento, quieran o no. Es todo ese discurso que justifica este modelo de atención a la salud mental y la criminalización de la locura”. 

Por su parte, Gabriela Aragón, integrante de SinColectivo y de la organización Dignas Hijas, lamentó la falta de sensibilidad de buena parte del personal médico con respecto a las personas que tienen alguna discapacidad sicoemocional y coincidió en que esta iniciativa de ley ni siquiera debería discutirse, por su carácter discriminatorio. 

“No se ha discutido a profundidad ni ha tomado en cuenta a la comunidad de personas con discapacidad sicosocial. Mucho menos se debería discutir en un periodo extraordinario, porque es muy irresponsable meter ahí un tema tan grande e importante. 

“Estas iniciativas son inconstitucionales porque van en contra de la sociedad y la ciudadanía. ¿No deberíamos estar hablando de un delito de Estado, de una traición hacia las comunidades en situación de vulnerabilidad? Debería haber una disculpa por parte de Bañuelos y del Senado por su falta de ética y de conocimiento en un tema que nos toca a todas y todos”, enfatizó.