Buenos Aires. El juez Federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva y embargó por 500 millones de pesos al ex ministro de Transporte del pasado gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) por presunta “administración fraudulenta”, mientras que en esta misma causa por corrupción se negó a declarar el ex titular de Hacienda Nicolás Dujovn.
Se trata de un fraude al Estado por entre 500 y mil millones de dólares en una renegociación para la concesión de peajes entre 2016 y 2018, que favoreció a las empresas de la familia Macri, causa que comenzó en 2019 con la denuncia de diputados del ahora gobernante Frente de Todos.
Canicoba Corral fue confirmado por la Cámara Federal hasta su pronta jubilación, rechazando las recusaciones presentadas por otros dos ex funcionarios macristas que ya están procesados en la causa del peaje, el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
El magistrado lleva la causa del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, desde 2003 cuando fue apartado del caso el juez Juan José Galeano, dadas las irregularidades en su gestión.
Canicoba Corral, quien advirtió en varias ocasiones sobre presiones en esa causa, comentó ahora que en este caso “no me he ganado amigos ya que ahí han jugado intereses políticos extranjeros, concretamente Estados Unidos e Israel, con un direccionamiento hacia Irán lo cual no genera amigos poderosos. ”
En una entrevista con el analista Raúl Kollman señaló que en la causa había más informes de inteligencia que pruebas judiciales contra Irán.
Esta injerencia permanente de Israel y Estados Unidos, desde el día siguiente al atentado que dejó 85 muertos, acusando a Irán ha sido denunciada por periodistas que estudiaron los expedientes donde surge la evidencia de que no se dejaba avanzar la causa por la obsesión de los países citados para que se terminara acusando a la república islámica, aún sin pruebas.
Después llegaría la causa abierta por el Memorándum de Entendimiento firmado por las cancillería argentina e iraní durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013, el paso más importante para esclarecer la verdad, frustrado por la negativa israelí y la campaña contra la ex presidenta,que todavía se pretende continuar y que en su momento fue utilizada como un intento de destituir a la ex mandataria , din ninguna prueba, sin ninguna instancia jurídica real.
También el juez Canicoba Corral habló de las acusaciones en su contra en una campaña en la que participaron varios medios de comunicación. “Cumplo 27 años en la justicia y no me pueden señalar una sola causa de corrupción”, sostuvo y recordó que “quien investigó mis bienes fue el consejero de Cambiemos, Juan Pablo Mas Vélez, nombrado por el gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura. Ellos quisieron ejemplarizar conmigo y no les salió” señaló el juez.
En estos últimos meses, en las investigaciones sobre las actuaciones y presiones del gobierno de Macri contra los jueces llevaron a conocer un laberinto de planes entre sectores judiciales, periodistas y los grupos de inteligencia que operaban bajo las directivas del ex presidente y su núcleo duro, que puso en evidencia uno de los momentos más graves que atravesó la justicia.
El gobierno de Alberto Fernández ya anunció las reformas judiciales para reformar la Corte Suprema de la Magistratura y para conformar el sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados. El proyecto entrará esta semana en el Congreso. Al fin hay una luz para restaurar la justicia, advierten los jueces perseguidos durante el gobierno anterior.