Madrid. Julian Assange, el fundador de WikiLeaks y el responsable de la mayor filtración de la historia de documentos clasificados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ha sido “objeto de persecución política por revelar hechos gravísimos”, según declaró ante la Audiencia Nacional el que actualmente es su representante legal y coordinador de su defensa, el abogado español Baltasar Garzón.
El ex magistrado también señaló al aparato de gobierno de Estados Unidos como el principal responsable del acoso que sufre Assange desde hace más de 13 años, al menos desde que salieron a la luz los miles de documentos que pusieron en evidencia la corrupción y connivencia de decenas de gobiernos en el mundo, sobre todo el de Washington.
Garzón, en su calidad de “coordinador de la defensa” de Julian Assange testificó en el proceso judicial que se abrió en la sede la Audiencia Nacional para esclarecer la vigilancia ilegal y el acoso al que fue sometido Assange, presuntamente por por una empresa de filiación española que habría sido contratada por el gobierno de EU para saber lo que estaba ocurriendo en la Embajada de Ecuador en Londres desde que Assange decidió pedir asilo político y refugiarse ahí para evitar su extradición, en el año 2012.
Garzón, que precisamente fue juez de la Audiencia Nacional hasta que fue inhabilitado del cargo por un delito de prevaricación, explicó que según la información que ha reunido el equipo legal de Assange, éste fue vigilado y espiado por la empresa española UC Global, que estuvo a cargo de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018.
“El agente de persecución es Estados Unidos; sigue haciéndolo. Desde nuestro punto de vista es ilegal absolutamente lo que está haciendo con lo que el procedimiento en Estados Unidos contra Assange ha quedado totalmente contaminado, porque ha sufrido una persecución política en la que se han quebrantado todas las normas del debido proceso y se ha actuado con pruebas falsas”.
A juicio de Garzón, en caso de que el tribunal de Reino Unido decida finalmente entregarlo a la justicia de Estados Unidos, esto supondría “una violación del derecho de defensa y un ataque a la libertad de expresión y acceso a la información porque se trata de un periodista que fue perseguido por revelar hechos gravísimos de crímenes contra la humanidad y corrupción”.
El ex juez español explicó que al asumir la coordinación de la defensa de Assange, él también fue objeto de una “vigilancia específica” en relación con una reunión que mantuvo en Madrid con el expresidente de Ecuador Rafael Correa, “que fue objeto de seguimiento y de rendimiento de información a los servicios de inteligencia de Estados Unidos”, también presuntamente a través de la empresa UC Global.
En la sesión judicial también testificaron la actual pareja de Assange, Stella Morris, y el ex cónsul de Ecuador en Reino Unido, Fidel Narváez.
