Zacatecas, Zac. Ante la presión de varias organizaciones de familiares de personas desaparecidas y por “incurrir en faltas graves en el servicio público”, el gobierno de Zacatecas aceleró la remoción de Javier Ramírez García, como presidente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo relevo deberá hacerse este martes 28 de julio.

Ramírez García, quien cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual y laboral en curso, asumió dicho cargo hace un año, recomendado directamente por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, debido a su perfil, pues es padre de Rosalía Ramírez Quireza, la joven mujer que junto con Antonio Troncoso Escareño –ambos trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ)–, se encuentran desaparecidos desde el jueves 26 de octubre del año 2017.

Rosalía y Antonio recorrían juntos diversas gasolineras del sur del estado del estado para realizar los pagos mensuales a quienes expenden combustible a patrullas de la Policía Estatal Preventiva, cuando fueron interceptados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en una carretera que comunica a los municipios de Pinos y Loreto.

Al perder comunicación con ellos, policías y militares realizaron, en ese entonces, un enorme operativo de búsqueda, con apoyo de helicópteros, pero sólo encontraron el vehículo de las víctimas, en un paraje rural. Los servidores públicos no fueron localizados.

Los familiares y compañeros de trabajo, en la SSPZ, de Rosalía y Antonio, hicieron manifestaciones públicas para exigir su localización al mandatario estatal.

Después de dos años, el 12 de enero de 2019, Tello Cristerna emitió el decreto para la creación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Y el 26 de marzo del mismo año designó a Javier García Ramírez como el primer titular de la misma.

Pero desde su arribo al cargo –donde se le asignaron recursos públicos, vehículos y personal para operar una oficina-, integrantes de dos colectivos de búsqueda de desaparecidos denunciaron al gobierno estatal, que éste no trabajaba.

Paralelamente, al interior del gobierno estatal, mujeres trabajadoras acusaron al comisionado de acoso sexual. Además, trascendió que no transparentaba el uso de los recursos públicos que recibía, y chocó tres automóviles que se le asignaron.

Por las diversas irregularidades, actualmente tiene abierto un procedimiento ante el órgano interno de control de la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas.

Ante el cúmulo de quejas, el gobierno estatal en coordinación con el poder legislativo local aceleraron la homologación de la norma estatal con la Ley Federal en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, por lo que se emitió el 27 de junio pasado una convocatoria abierta para que, mediante consulta pública, se inscribieran nuevos aspirantes al cargo, para así remover a Ramírez García; sin embargo éste se inscribió para intentar continuar como comisionado.

La consulta pública está dirigida a integrantes de colectivos de familiares de víctimas, expertos y asociaciones civiles en la materia. El plazo de registros se abrió el 29 de junio y cerró el pasado 8 de julio.

Fuentes del gobierno de Zacatecas confirmaron a La Jornada que se inscribieron cinco personas: Javier Ramírez García, Mario Pescado Escobedo, Alejandro Martínez Ramírez, María de Jesús González Venegas y Everardo Ramírez Aguayo.

Éste último, fue “el único que fue propuesto por una asociación civil y víctimas, el resto no presentó apoyo social”. Es abogado de profesión y actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, en el gobierno estatal. Quienes lo respaldan le atribuyen participación activa en las diligencias de búsquedas de campo y de personas en vida.

Entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2019, Ramírez Aguayo participó en la primera brigada “Unidos para Encontrarlos”, en la que colaboraron medio centenar de familiares de personas desaparecidas, de colectivos de los estados de Veracruz, Morelos, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

Tras recorrer los principales centros penitenciarios en la entidad, así como el consejo tutelar de menores, centros de rehabilitación y los Servicios Médicos Forenses de las ciudades de Fresnillo y Zacatecas, “se obtuvieron en esas búsquedas 19 posibles positivos”, mediante fotografías y testimonios de reos.

Con estos indicios actualmente la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas se encuentra en los respectivos procesos de búsqueda y localización.

Javier García Ramírez nunca dio a conocer formalmente a familiares y medios de comunicación, estos hallazgos, “y esa era una de sus tareas importantes que no realizó, manteniendo desmotivadas a las mujeres buscadoras”, informó a este diario un funcionario, que solicitó el anonimato.