Los funcionarios y litigantes consultados por La Jornada indicaron que con la estancia de Lozoya en un hospital al sur de la Ciudad de México y que no haya sido puesto a disposición de jueces federales se trata de evitar que pise la cárcel; encontrarle una salida digna y viciar el proceso que impida al Ministerio Público Federal llevarlo a prisión.

De allí que, advirtieron los funcionarios y litigantes entrevistados, la estrategia de filtrar información que pudiera servir para que el Ministerio Publico integre nuevas investigaciones tiene el propósito de detenerlas y obligar a los encargados de procurar justicia a conseguir otros medios de prueba con qué soportar sus imputaciones.

Fuentes judiciales que solicitaron el anonimato advirtieron a este diario que la publicación del contenido de la declaración de Lozoya en España obedece a una filtración que desde la defensa del extraditado se consumó con el objetivo de afectar el proceso y el consiguiente descarrilamiento del mismo.

En España, el ex juez de la Audiencia Nacional desplegó la estrategia para proteger del mayor de los males a Lozoya, y en México fuentes de la Barra de Abogados apuntan a Javier Coello Trejo –quien renunció públicamente a la defensa de su amigo en junio pasado–, y ahora estaría coadyuvando en el proceso. Al buscar a Coello Trejo para que comentara, no respondió a las llamadas de este diario. No obstante, en un connotado bufete de abogados uno de ellos dijo: Javier sí tiene relación con el caso, no nos hagamos los inocentes.

Después de que la autoridad mexicana consiguió la extradición, el proceso en torno a Emilio Lozoya es fuente de dudas por el rumbo que le da la defensa.

Desde de que salió de España, la Policía Nacional indicó que el ex director de Pemex gozaba de cabal salud. No obstante, a su arribo a la Ciudad de México –y antes de ser puesto a disposición de los jueces que emitieron las órdenes de aprehensión en su contra para posteriormente ingresarlo al área de juzgados del Reclusorio Norte–, el detenido fue trasladado al hospital Ángeles del Pedregal, al considerar delicado su estado de salud por padecer anemia y problemas de esófago. Incluso se ha corrido la versión de que ya fue intervenido quirúrgicamente.

El errático procedimiento tiene que ver con la narrativa desplegada por la defensa del ex funcionario peñista, que desde España negoció la declaración de su cliente, señalando los actos de corrupción que propició y en los que se vio inmiscuido con tal de beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht, alentar mediante sobornos la aprobación de la reforma energética e impulsar la compraventa con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira, quien también se encuentra en el país ibérico sujeto a un proceso de extradición a solicitud de las autoridades mexicanas.

Funcionarios judiciales refirieron que, para el Consejo de la Judicatura Federal, Emilio Lozoya está en manos de la Fiscalía General de la República, en términos jurídicos es como si no se hubiera formalizado la cumplimentación de los mandamientos en su contra, pues ello obligaría al Ministerio Público a ponerlo a disposición inmediata (es decir, el tiempo que tomara la notificación en el hangar de la Fiscalía y su posterior traslado a los juzgados).

Asimismo, fuentes del gobierno federal señalaron que, aunque “se le haya ofrecido o se esté diciendo que puede convertirse en testigo protegido ello es una falla que podría afectar el proceso en su contra, toda vez que el ex director de Pemex no ha sido imputado de cometer delincuencia organizada (las acusaciones son por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público), y esa figura no se le puede otorgar.

Por lo que hace al término o beneficio de convertirse en testigo colaborador, se requiere que este procedimiento sea aceptado por un juez, y en este caso presuntamente ya se ha llegado a acuerdos, se habría revelado información que se aportaría para llegar a otros involucrados y ello podría afectar su derecho al debido proceso, al igual que de otros que pudieran resultar involucrados en actos ilícitos y ya no tendría efecto un proceso en su contra.