Ciudad de México. La reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones aprobada en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el cual se dota atribución al Ejecutivo Federal de contratar en el extranjero medicamentos y servicios de salud mediante adjudicación directa, dio pie a críticas de empresarios y especialistas, quienes reprocharon el uso de ese método de compra.

En respuesta el presidente del grupo de trabajo en San Lázaro, Oscar González Yáñez, solicitó comprensión, porque se tomó esa determinación al abrigo de la urgencia sanitaria, y de la obligación del estado para proveer insumos médicos a toda la población: “fue excepción, pero no será regla”, expuso.

El diputado petista, que organizó un foro virtual con representantes de los productores de medicamentos y activos médicos, se comprometió a incluir en la legislación un esquema de apoyo y garantía de participación en el mercado de esos productos, a las medianas y pequeñas empresas del país:

“Estas preguntas merecen una explicación. Lo de ayer pareciera que rompe esta ruta, no es nuestra intención, tenemos una preocupación de salud, es una excepción, no es la regla ni la ruta lo que se decidió. Lo de ayer es una excepción que es dotar el Ejecutivo Federal, de manera extraordinaria, para que pueda tomar decisiones. Les pido sinceramente que se entienda como una situación de emergencia que tenemos en el país.

“Me aterra que Estados Unidos ya hizo un acuerdo para comprar 100 millones de vacunas, no queremos que México llegue tarde. Insisto que no es así, es un caso excepcional, hay un alto compromiso de mis compañeros para que las cosas salgan bien.  Yo estoy de acuerdo con las compras consolidadas, pero también estoy de acuerdo en que los medianos y pequeños empresarios no pueden participar en esas compras, hay que buscar un mecanismo que los pueda hacer participar”, repuso.

Para Alejandro Sosa, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el proceso de contratación entre el Estado y los proveedores “está olvidado, se les olvidó hace diez años en la Ley de Adquisiciones. No tenemos material que nos brinde un soporte si los contratos son procedimientos exitosos. Se ha sobreutilizado el acta administrativa para arropar el pago de los contratos: hace poco con ayuda de un equipo simulamos un contrato, y encontramos que se tenían que cumplir mil obligaciones.

“Cómo todo mundo estamos hablando de ganar una licitación, los candados han migrado con manipulaciones en los entregables que muy pocos pueden cumplir”.

También, Mario Mejía, de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, refirió que México tiene 180 plantas que elaboran estos dispositivos, y emplean a 180 mil personas.

Y al referirse al fondo de la contratación endureció el tono al sostener que “todo tiene que ser por licitación pública. Es sumamente preocupante el uso de la licitación pública. ¿Cuándo un precio no es conveniente, o es conveniente? Cuando China nos pone un piso que no es parejo. ¿Quién lo determina? Se está dejando un cheque en blanco y confidencial. Entonces que se publicite el estudio de mercado. Esta fórmula empeora, si tomamos en cuenta los vicios de la ley vigente, y con la propuesta que da al Poder Ejecutivo la oportunidad de decisiones discrecionales. Es un tema peligroso, y debe reglamentarse. Debe regularse el estudio de mercado, debe publicarse en intranet, no consideramos que el estudio de mercado deba ser la que determine precio conveniente.”

Miguel Pino Dueñas, representante de la Empresa Electrónica de Pago y Vales, sugirió la necesidad de contar con un padrón de proveedores, pues la investigación de mercado, es necesaria para arrojar un precio mínimo y un máximo.

“Con las contrataciones consolidadas es necesario generar un piso parejo para todos los participantes. El gobierno realiza el 68 por ciento de las compras se realizan por licitaciones directas. Y que la integración de expedientes sea más sencilla. La licitación pública es la regla general de la contratación pública, hagamos valer estos principios.

“Que deje de existir la letra muerta, digamos no a la contratación por licitación directa.”

El empresario Pedro Carta propuso introducir en la ley una cláusula anticorrupción que podría quedar en el artículo 45, fracción XVI, porque un hecho de corrupción podrá legalizar una recisión. También propuso agregar el concepto de interesado social, “existe el testigo social que no es conveniente, se ha convertido en un club de cuates, lo que estamos proponiendo es el concepto de interesado social, cualquier persona puede estar anclada a la ley, esta figura fortalecería la capacidad de vigilancia social en los contratos”. Y la inclusión en el texto el concepto de compras sensibles para que los proveedores que ganen esas licitaciones deberán informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera.

En su turno, Jesús Granados, representante del sector Médico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se refirió con encono a la propuesta de ley:

“Esta iniciativa tiene aspecto de redacción que van contrarios al artículo 134 de la Constitución: se quedan indefensos, eficiencia, eficacia, y honradez.

En muchos de los elementos que podrían ser enriquecedores, no se tomaron en cuenta, este foro no debe ser solo una vitrina de ideas. La iniciativa sugiere elementos que no mejoran los principios de compra, como los siguientes:

“Los tratados internacionales no son tomados en cuenta; no hay artículos que realmente fomenten la transparencia; no hay equilibrio en las funciones administrativas; se delegan muchas prerrogativas a un organismo; no mejora los procedimientos de compra; solo se beneficia a las grandes empresas, por el volumen de compra; se deja en indefensión a los proveedores; la asignación directa la considero una total falta de planeación, no se garantizan pagos a proveedores; y no se garantizan la transparencia. Se instala la discrecionalidad de una personalidad o un funcionario, y se abre la corrupción, la discrecionalidad no decrementa la corrupción. La corrupción no debe ser el argumento exclusivo para sostener la ley. Las compras gubernamentales quedan a criterio exclusivo de un ente.”