Buenos Aires. Mientras el gobierno toma nuevas medidas de protección social ante la pandemia, el presidente de Argentina Alberto Fernández firmó un decreto que prorroga la prohibición de efectuar despidos injustificados durante dos meses más. Afirmó además que Argentina está haciendo un enorme esfuerzo en relación a la renegociación de la deuda externa y que la oferta hecha a los inversionistas recientemente “es la última que podemos hacer”.

Hace dos días, en videoconferencia con el Consejo de las Américas, el presidente envió un mensaje a los acreedores, a quienes dijo que el país no quiere ir a una cesación de pagos y les pide que entiendan la circunstancia, ya que recibió al país en esa situación en diciembre de 2010.

El gobierno envió varias ofertas y recibió una contraoferta de los bonistas rechazada inicialmente, pero continuaron las negociaciones. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que el gobierno tiene sus límites en la urgencia de protección social, ante el drama de la pobreza, las consecuencias de la pandemia y la defensa de la seguridad social. Seguir negociando implicaría tocar las jubilaciones, límite muy claro para la administración del Frente de Todos. La negociación está abierta hasta el 4 de agosto.

También aclaró el presidente que "cuando la pandemia nos sigue golpeando esto no es capricho, es sensatez. Es no estafar a los acreedores prometiendo algo que no podemos cumplir”

Adelantó que pronto irá al Congreso tanto la Reforma Judicial, que es un grave tema pendiente y el proyecto que intenta pedir un impuesto por una vez a los grupos empresariales más ricos del país para ayudar en este momento de crisis. Entre los 50 más ricos de Argentina, de acuerdo a la revista Forbes, figuran la familia Macri y varios de sus mejores amigos y empresarios ligados al ex presidente.

En tanto, el gobierno se enfrenta a una campaña opositora de un sector de esa oposición con sus medios de comunicación aliados que silencian todo lo que afecta al macrismo y utilizan una virulenta campaña desestabilizadora contra la administración de Fernández con operaciones de noticias falsas.

Lo grave es que han incidido entre algunos de sus seguidores, que no han cumplido con las normas más urgentes para combatir la pandemia, un desafío que favoreció el alza de contagios, ya que salieron a las calles, sin cubrebocas, y burlándose de las cuarentenas y pidiendo “libertad”. Quince o 20 días después se ve el aumento de contagios y muertes.

Todos estos temas a la vez enfrenta el gobierno, mientras aumentan cada día las pruebas del espionaje ilegal contra centenares de políticos, periodistas, jueces, y otros, que estuvo a cargo del grupo más cercano al ex presidente Macri, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ahora intervenida.

Las declaraciones del ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, indicaron ayer que Mauricio Macri y el ex jefe de la AFI su íntimo amigo Gustavo Arriba, se comunicaban a través de un celular especial encriptado que compartían con el jefe de Gabinete Marcos Peña y la vicejefa de AFI, Silvia Majdalani, todos acusados con pruebas y grabaciones, en esta red de espionaje y extorsión.

Desde hace 20 años Coste trabaja en la AFI y en sus declaraciones ante la Comisión Bicameral del Congreso y el juzgado donde está la causa destacó el gran cambio que se produjo durante el gobierno de Macri, cuando los integrantes de “carrera” fueron desplazados por policías en actividad o retirados que mantenían un “mundo secreto” en ese organismo. Como otros importantes testigos sostuvo que Macri estaba directamente vinculado a Arriba y que también daba las órdenes ilegales.

El ex presidente se ha negado a un requerimiento judicial de entregar el celular, pero las pruebas se acumulan en este proceso y también en el negociado de los peajes y otros que prueban la vinculación directa del ex mandatario y sus ex funcionarios.

También se descubrió el irregular manejo de la justicia en nombramientos claves de jueces que nunca pasaron por el senado. Dentro de Juntos por el Cambio se advierten alejamientos y serias divergencias, entre ellos se han alejado varios intendentes en la provincia de Buenos Aires.