Santiago. La reforma legal para permitir a los ahorrantes chilenos retirar anticipadamente hasta un diez por ciento de sus fondos de pensiones, para que así dispongan de dinero con el cual hacer frente a las secuelas económicas que deja la pandemia, fue aprobada holgadamente en el Senado con votos oficialistas, marcando un nuevo fracaso del gobierno de Sebastián Piñera, rotundamente opuesto a la iniciativa.

El proyecto -que la semana pasada fue despachado en la Cámara de Diputados también con votos indispensables de parlamentarios oficialistas- obtuvo en el Senado 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención. De los votos favorables, cinco fueron de senadores de la coalición gubernamental Chile Vamos, superando el mínimo de 26 requeridos (tres quintos en sala) por tratarse de un cambio transitorio en una ley orgánica constitucional.

El plan regresa ahora a la Cámara de Diputados, que lo votará nuevamente hoy jueves por la tarde, porque los senadores introdujeron indicaciones al proyecto original las cuales deberán ser refrendados o no por los diputados. Si así fuese, quedará listo para convertirse en ley, pero está pendiente que se dilucide cuál será la reacción presidencial: promulgarlo, someterlo al Tribunal Constitucional y/o vetarlo. Si Piñera opta por el veto, se arriesgará a una derrota parlamentaria aún mayor, porque diputados oficialistas que inicialmente se abstuvieron o votaron en contra del retiro del 10 por ciento, modificaron su posición y anunciaron que ahora lo respaldarán.

Una medida de los ánimos que prevalecen en la Cámara podrá verse hoy cuando los diputados también se pronuncien acerca del veto que Piñera aplicó a una iniciativa que prohíbe la interrupción de los servicios básicos por falta de pago. 

Si finalmente lo del 10 por ciento se convierte en ley y la totalidad de los ahorrantes de pensiones hicieran uso al máximo de este beneficio, cuya opción de uso estará vigente por un año, se estima que unos 20 mil millones de dólares deberían ser devueltos a los casi 11 millones de chilenos que cotizan en las administradoras de fondos de pensiones (AFPs), dineros a ser entregados en un plazo de 30 días, distribuidos en dos cuotas, a quienes los soliciten.

Esto dará paso a un frenesí de liquidación de inversiones por parte de las AFPs, que colocan las cotizaciones previsionales en acciones, fondos mutuos, bonos y otros documentos financieros de gobiernos y empresas, tanto a nivel local como internacional, con impacto tanto en el valor de esos activos como en la cotización local del peso chileno.

El proyecto ha logrado avanzar pese a que, en general, muchos analistas coinciden en su regresividad. Por un lado, el proyecto exonera de impuestos a la renta a los fondos a ser retirados, lo cual beneficia particularmente a los cotizantes de mayores ingresos, que evitarán pagar al fisco hasta unos US$ 1.000 millones. También se hace notar que para el 26 por ciento de los cotizantes, equivaldría a retirar la totalidad de los ahorros previsionales de que disponen. Pero en definitiva, su impensado progreso refleja a lo menos dos cosas: el transversal rechazo que genera el sistema privado de pensiones, que paga jubilaciones paupérrimas (en promedio de US$ 180 mensuales) inferiores al salario mínimo (US$ 380), y que se convirtió en símbolo del abuso y de la desigualdad; y, dos, la incapacidad gubernamental de tomarle el pulso adecuadamente a la magnitud de las secuelas económicas y sociales que deja la pandemia en la clase media y en los pobres de Chile, actuando siempre con medidas tardías e insuficientes.

Anoche, a la hora en que el Senado se aprestaba a la votación y posteriormente, un intenso "caceroleo" estalló en las calles de Santiago y otras ciudades del país, a la vez que los automovilistas hacían sonar las bocinas de sus vehículos.

Un fracaso rotundo para Piñera

A medida que la reforma supera etapas legislativas, paralelamente continúa consumándose una derrota política de dimensiones apocalípticas para el gobierno de Sebastián Piñera, que se ha opuesto rotundamente al proyecto y que ha movilizado intensas presiones e incluso amenazas contra sus parlamentarios favorables al plan. Particularmente, en un país con un régimen presidencialista exacerbado, la autoridad de Piñera figura cada vez más deteriorada y debilitada, sobre todo cuando él se involucró personalmente en el intento fallido de ordenar a sus filas tras el fracaso de sus principales ministros políticos.

Simbolizando y asumiendo la derrota sufrida, Piñera se retiró hoy del Palacio de la Moneda a mitad de la tarde, evitando seguir desde la sede del gobierno el desenlace del debate parlamentario en curso.

El fracaso gubernamental es tan categórico, que desde el propio oficialismo se están haciendo llamados al presidente Piñera para que no recurra al veto presidencial porque incluso en ese escenario sería nuevamente derrotado, también por sus parlamentarios. También el presidente puede jugar la carta de apelar al Tribunal Constitucional, para que declare la norma inconstitucional.

Ya se ha iniciado el debate en torno a que es totalmente necesario que Piñera modifique su gabinete político, incluido los ministros del Interior y de Hacienda, una exigencia que viene incluso desde su coalición política.

Toda esta debacle para Piñera y su gobierno se aceleró después que la semana pasada y en dos ocasiones consecutivas -primero en general y luego en particular-, diputados de Chile Vamos que votaron en contra de su gobierno, fueran amenazados con ser expulsados de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Los amenazados reaccionaron renunciando al partido y después hasta cinco senadores pro-gubernamentales hicieron saber sus intenciones de votar a favor, pese a que también han sido amenazados con la expulsión o sanciones.

Las consecuencias políticas

Ernesto ​ Águila, cientista político, director de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, dice que el gobierno de Sebastián Piñera ha sufrido una dura derrota y ha arrastrado con ello el que probablemente es el pilar central del modelo neoliberal chileno: el sistema previsional, de ahorro individual conocido como AFP.

"Ante apoyos económicos muy insuficientes del ejecutivo para cumplir las cuarentenas, prendió muy fuertemente en la ciudadanía la posibilidad de recuperar el 10 por ciento de sus ahorros previsionales. El sistema de AFP ha permitido el financiamiento y capitalización de los principales grupos económicos chilenos, por lo que el 10 por ciento se transformó no sólo en la posibilidad de obtener un alivio económico para las familias sino en una gran protesta contra el sistema previsional privado, el cual da pensiones muy bajas. El escenario que se viene es de una alta complejidad para las AFP para poder liquidar inversiones y pagar el 10 por ciento, junto con ello se ha abierto el debate sobre un nuevo sistema de seguridad social. El escenario político da un giro con esta derrota, la derecha se ha dividido en las votaciones y la oposición hasta ahora bastante alicaída y desunida se ha visto fortalecida y mira con mejores expectativas el ciclo electoral que se avecina", explica.

¿Más allá de lo insuficiente de las ayudas gubernamentales, qué interpretación hace al hecho de que pese a ser regresivo en términos tributarios y que para una gran cantidad de ahorrantes significará retirar todos sus ahorros; este proyecto encuentre apoyo transversal en la ciudadanía y el parlamento?

" Creo que hay una necesidad material objetiva de la población. La pandemia y las medidas sanitarias ha generado un alto desempleo y la caída de ingresos. Es una de las peores contracciones de la economía chilena en su historia. Él hambre es hoy una realidad en muchos sectores. Han vuelto a proliferar las ollas comunes y los comedores solidarios. Esto se instala en una familia chilena y en una clase media muy endeudada. Por lo tanto es una solución concreta a la situación económica de la mayoría de las familias. Esta realidad la terminó de oír el Parlamento, incluso en sectores de derecha. Lo otro que influye es que Chile vivirá un plebiscito constituyente en octubre y un 2021 en que se renuevan todas las autoridades políticas en Chile. La medida del 10 por ciento tiene una aprobación sobre el 80 por ciento de la población. Los políticos chilenos comienzan a mirar ese ciclo electoral y no quieren quedarse complemente desconectado del sentir popular que hoy existe".

¿Y si finalmente Piñera va al Tribunal Constitucional o veta la reforma, ¿a qué escenario arribamos?

Un factor que ha sido decisivo en la mayoría parlamentaria que se ha articulado en torno al proyecto, es la presión social que se ha generado. No obstante que la mayoría del país está confinado, han vuelto a resonar las cacerolas e incluso marchas. También mucho activismo en redes sociales. Las encuestas también presionan. Si el parlamento aprueba y le gobierno recurre al tribunal constitucional o veta el proyecto, creo que podría ser el detonante de un grave estallido social en Chile.