Zacatecas, Zac. El gobierno de la Cuarta Transformación, se ha dedicado a salvaguardar la continuidad del modelo extractivo minero, “que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México”, con aproximadamente 1 mil 500 proyectos mineros, de capitales nacionales y extranjeros, operando a la fecha.

Denunció este miércoles la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), al fijar una postura crítica en el marco del día internacional de acción en contra de la minería a cielo abierto:

“El gobierno de la Cuarta Transformación constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, al mismo tiempo que muestra su total complacencia al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes”, en el país.

Pero además, ironizó la REMA, la actual administración federal “al mismo tiempo, reiteradamente menciona que no entregará más concesiones mineras, queriendo mostrar ante la opinión pública una falsa postura, de que la 4T significa un cambio de fondo. Mentira, con las concesiones que ya estaban operando y las que se encuentran vigentes, enfrentamos una debacle sin retorno”.

Desde el año 2009, recordó la REMA, cada 22 de julio los pueblos del mundo se manifiestan a través de distintas organizaciones y colectivos, “ante la devastación y desposesión provocadas por la ambición de los poseedores de capitales, que imponen el extractivismo sobre nuestros territorios a lo largo y ancho del orbe”.

Por eso expone la organización no gubernamental, más que considerarla una efeméride -como otras tantas en el "calendario ambiental"-, se trata de una fecha en que los movimientos en defensa del territorio denuncian y ponen al descubierto la complicidad entre gobiernos y capitales, “quienes lucran a costa de la salud, la vida y derechos de los pueblos”.

El día internacional de acción en contra de la minería tuvo su origen en México, en el contexto de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo a cielo abierto, impulsado por Minera San Xavier -New Gold Incorporated de Canadá, en el estado de San Luis Potosí.

En ese proyecto -al que ya se le denomina como el Museo Nacional del Ecocidio-, una vez que arrasaron con todo el territorio, incluyendo la vida comunitaria y el pueblo de quienes allí habitaban, la empresa dio inicio a la fase de abandono, en la cual, la propia empresa denomina eufemísticamente como el "cierre de mina ejemplar”.

Pero lamentó la REMA, “la compañía Minera San Xavier deja tras de sí: un tajo de grandes dimensiones, una montaña de pasivos ambientales sobresaliendo sulfatos y metales pesados; otra montaña de óxidos residuales ya lixiviados; pérdida de especies de flora y fauna locales; la destrucción total del cerro emblemático que dio origen al escudo de armas de la capital de San Luis Potosí, así como también ocasionó la contaminación de otras fuentes de agua que abastecen a pueblos circunvecinos”.

La compañía Minera San Xavier dejó un historial de múltiples derrames de la presa de jales, del mismo modo que forman parte de su historia las múltiples sentencias judiciales desacatadas por la empresa, sin que tuviera sanciones por parte del gobierno local y federal.

“Dejó graves afectaciones a la salud y por supuesto también una irreversible división comunitaria que fue creada por la empresa, así como el abandono de la región, por desplazamiento forzado.

En ese contexto, advierte la REMA, el actual gobierno federal se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero. En la temática minera -aunque no sólo en ese rubro-, el gobierno de la 4T “es igual de decepcionante que sus antecesores, porque continúa de la mano de los grandes depredadores –nacionales y extranjeros- quienes, a pesar de los cientos de agravios que existen en su contra, no sólo no los llama a la rendición de cuentas, sino que les continúa entregando pedazos enteros de nuestro país”.

Como ejemplo de los representantes de esos capitales nacionales depredadores -sobre quienes existe la posibilidad de ejecutar acciones legales de forma directa, por encontrarse dentro de la esfera jurisdiccional del estado mexicano-, están “los Larrea, Slim, Salinas Pliego, Bailléres, Romo, (quienes) son una muestra fehaciente de que la impunidad continúa”.

“Igual de deprimente es escuchar a este gobierno decir que en Canadá o en Estados Unidos la minería es responsable y ambientalmente correcta, porque con ese tipo de declaraciones sólo muestran el cinismo o la ignorancia, para hacernos creer que, un llamado desde la Presidencia es suficiente para hacer que las empresas extranjeras se ‘porten bien en México, tal como lo hacen en sus países’”.

Finalmente, entre otros aspectos graves, señala la REMA el relacionado con la violencia e inseguridad que prevalecen en prácticamente todos los territorios del país, donde hay proyectos mineros en ejecución:

“De nada sirve militarizar al país, si la inseguridad en donde hay empresas mineras se incrementa. Por supuesto tampoco servirá una Ley Minera renovada, justa, con el goce de derechos humanos a plenitud, tal cual se pregona con el mal llamado derecho al consentimiento previo libre e informado, así como igualmente de infructuosa será la incorporación de los estándares internacionales más altos, porque simple y llanamente la verdadera vocación de la minería es la depredación de la vida y la continuidad del despojo”.