Ciudad de México. El pasado 10 de julio, un habitante de la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en el estado de Jalisco, fue detenido de forma arbitraria y luego torturado por elementos de la policía municipal de Villa Guerrero –incluido el propio titular de ese organismo--, como parte de una serie de agresiones que grupos de “terratenientes” han cometido desde hace varios años en contra de los pobladores para apoderarse de sus recursos naturales.

Así lo denunció Carlos Chávez, miembro de la Misión Civil de Observación de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, quien indicó que aunque el pueblo cuenta con un título de propiedad emitido en la época del Virreinato, el Estado mexicano ha dilatado el reconocimiento legal de sus tierras, que hoy abarcan poco más de 38 mil 200 hectáreas, lo cual ha sido aprovechado por grupos de particulares para tratar de disputarlas.

El activista explicó en charla con La Jornada que en la agresión del pasado 10 de julio, el comunero detenido sufrió actos de tortura a manos del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Villa Guerrero, Fernando Gutiérrez González, en un episodio en el cual participaron “abiertamente” varios policías uniformados que se llevaron al campesino en una camioneta son distintivos oficiales, delante de muchos testigos.

La mencionada agresión, indicó Chávez, no fue un acto aislado, sino que forma parte de una larga serie de actos intimidatorios, por los cuales los habitantes de San Lorenzo Azqueltán han puesto un total de 27 denuncias penales, por actos que van desde daños en propiedad ajena, hasta intentos de secuestro y desaparición, y cuyo objetivo es amedrentar a los lugareños para hacerse del control de sus recursos naturales.

Uno de los ataques más graves, recordó el activista, ocurrió ek 3 de noviembre de 2019, cuando hubo un intento de homicidio en contra del entonces presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Noé Aguilar Rojas; el presidente del Consejo de Vigilancia, Ricardo de la Cruz González, y un integrante del Consejo de Ancianos, Rafael Reyes Márquez.

El ataque fue encabezado por Fabio Ernesto Floes Sánchez, conocido como “La Polla”, acompañado de su hermano Guadalupe Javier, su hijo Eduardo Flores y sus empleados Mario Flores Mendoza y Juan Ramos Frausto, añadió.

Por dicha agresión, las víctimas tuvieron que salir de la comunidad y actualmente son beneficiarias de Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. El proceso judicial se encuentra en un juzgado control del estado de Jalisco, pero quedó detenido por la pandemia de Covid-19.

La gravedad de la situación, dijo, incluso ameritó que en 2017 y 2018 se pronunciaran sobre el tema diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Chávez recordó que en febrero de 2015 el pueblo interpuso una demanda de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Agrario del Distrito XVI de Guadalajara, mediante el cual reivindican la posesión de 38 mil 240 hectáreas, de las más de 94 mil 400 que originalmente les reconoció un título virreinal emitido en 1773.

A decir del activista, un grupo de particulares “terratenientes” han tratado desde hace muchos años de disputar violentamente el control de las tierras de la comunidad –habitada por indígenas tepehuanos y wirrárikas--, para quedarse con sus recursos naturales, en particular bosques, pastizales y un río.

El pasado 13 de julio se realizó una asamblea en la cual el pueblo decidió interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y enviar una carta al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, quien ha hecho caso omiso de las quejas de los lugareños respecto a las agresiones reiteradas en su contra, de acuerdo con Chávez.