Ciudad de México. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, afirmó que en todas las investigaciones administrativas por presuntos actos de corrupción que realiza la dependencia hay profesionalismo y pulcritud.

En su gestión no hay filias ni fobias, por lo que no se actúa por consigna y lo mismo se hará contra personas involucradas en ese tipo de actividades, tanto de administraciones pasadas como del actual gobierno federal.

Para la funcionaria, la detención y extradición del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, representa un antes y un después en la lucha contra la impunidad, que es la otra cara de la moneda de la corrupción.

Recordó que en 2019, tras una profunda investigación, la SFP lo inhabilitó por 10 años y le impuso cuantiosas multas.

Su arresto aportará mucha información para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Su llegada al país nos pone en una dinámica de mucho trabajo e investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho constantemente: no se trata de una persona, no es una cacería de chivos expiatorios, sino de llegar a la verdad, de desentrañar qué es lo que pasó en el régimen neoliberal y de combatir la corrupción, que sabemos es una cuestión de redes, de colusión de lo privado y lo público.

Sobre la exigencia del coordinador de los senadores del PRI y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para manejar con pulcritud las indagatorias administrativas, Sandoval garantizó que así será.

La funcionaria aprovechó el tema para convocar a los medios a tener muy claro que ya no se vale estar filtrando información. En la SFP no se ha filtrado nada, al contrario, lo que queremos es precisamente cerrar filas para proteger y ofrecer las garantías a todas las personas que estamos investigando. Agregó que las filtraciones perjudican las indagatorias y si faltan a la verdad dañan la honorabilidad y la presunción de inocencia.

Interrogada en torno a si los cambios en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no abonarían a la opacidad al no incluir información sobre los cónyuges, dijo que por ahora es cuando más transparencia hay porque se amplió el número de servidores públicos que tienen que cumplir con esa obligación, al pasar de 400 mil a un millón 600 mil.

Mencionó otros casos emblemáticos investigados y resueltos por la SFP, como las sanciones a funcionarios relacionados con los millonarios desvíos de la estafa maestra, entre ellos la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y Miguel Ángel Lozada, director de Pemex Exploración y Producción al inicio de la gestión de López Obrador.

También habló de las inhabilitaciones a la empresa Cyber Robotics –propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett– por la venta de respiradores mecánicos a la delegación del IMSS en Hidalgo a sobreprecio y en mal estado, así como a varios laboratorios que suministraban productos y servicios al sector salud.

Por último, consideró que por su trabajo al frente de la dependencia ha sido víctima de ataques y mentiras esgrimidas desde diversos sectores.