Ciudad de México. El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, obtuvo una suspensión provisional de amparo, con lo que de momento evitará ser detenido ante las acusaciones de millonarios desvíos relacionados con la llamada Estafa maestra.

La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Vera Jiménez es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones fraudulentas.

Por ley, el ex rector de la UAEM podía impugnar la resolución del tribunal administrativo mediante un amparo directo ante un tribunal colegiado, a lo que se acogió y se le otorgó este lunes una supensión provisional.

El ex rector es señalado por el desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, en el esquema conocido como la estafa maestra.

Según los datos de prueba del Ministerio Público Federal, Vera Jiménez aparece en tres contratos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor de la Sedesol, por 675 millones de pesos, y uno más con Sonia Angélica Zaragoza González, ex directora general de procesos y estructura de la misma secretaría, por 22 millones 462 mil 182 pesos.

En su sesión del miércoles de la semana pasada del TFJA, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez señaló que el 17 de noviembre de 2013, la Sedesol consideró que la UAEM había cumplido por completo los compromisos adquiridos mediante un convenio firmado el 6 de mayo de ese año.

Sin embargo, la universidad convocó a una licitación el 7 de diciembre de 2013 para cumplir con un anexo cuyo contrato se adjudicó a la empresa Evyena Servicios el 18 de diciembre y ese mismo día se firmó el convenio por 203.6 millones de pesos.

La magistrada argumentó que Vera Jiménez incurrió en responsabilidad resarcitoria porque, en el convenio con Sedesol, afirmó que la institución educativa tenía capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios, lo cual no era cierto, pues subcontrató a la empresa Evyena Servicios. Además, el convenio con Sedesol no permitía subcontratar, pero 85 por ciento del dinero se pagó a Evyena, que lo transfirió a otras empresas.