Un elemento central para la consolidación de las democracias en América Latina es el ejercicio del derecho de acceso a la información, coincidieron el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, y el ex relator de las Naciones Unidas para la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue.

Indicaron que los órganos garantes de este derecho deben ser independientes y autónomos, además de contar con el necesario presupuesto para ejercer su labor, y si su instancia de dirección es colegiada, “es mucho más efectivo”.

Los expertos participaron en la mesa de diálogo virtual Órgano rector en materia de acceso a la información pública y protección de datos, donde se señaló que el derecho de acceso a la información y protección de datos personales forman parte de la garantía universal a la libre expresión.

Agregaron que entre los 23 modelos de acceso a la información y protección de datos que existen en la región, se destacó el sistema mexicano, la ley en la materia y la conformación autónoma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Rue subrayó que la libertad de expresión es un derecho que se ejercer por dos vías: el derecho a emitir opiniones y utilizar medios informativos para formarlas, pero a la vez el derecho a recibir y acceder de forma transparente a la información sobre el ejercicio de todo lo relacionado con la función pública.

En todo momento esta garantía es relevante, pero en el contexto actual de pandemia resulta todavía más porque cada decisión que tome cualquier funcionario público puede tener una consecuencia significativa para la vida de los ciudadanos, enfatizó.

Por su parte, Lanza subrayó que tras 200 años de “secretismo” en la región, las leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales resultan insuficientes, pues para que la ciudadanía ejerza esos derechos se requiere de voluntad política de los actores gubernamentales, un órgano garante independiente y autónomo y de adecuadas políticas de implementación de las normas.

Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, señaló que la pandemia por Covid-19 “ha demostrado la fragilidad de las democracias” en la región pues hay intentos de suprimir estos derechos. Un ejemplo es a través de la infodemia y la desinformación promovida por un lado p or farmacéuticas para obtener ganancias mercantiles o por los gobiernos “empeñados en burlar la conciencia crítica” de los ciudadanos.