Ciudad de México. En la presentación del avance del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, informó que en 26 estados se identificaron 796 casos de menores en esta condición, entre enero y diciembre de 2019.

El instituto junto con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia indicaron que el objetivo de dicho protocolo es garantizar a los menores huérfanos por feminicidio “el acceso a la justicia a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones que tienen ese mandato legal”.

En un comunicado, el Inmujeres refirió que el documento es el resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de los menores víctimas indirectas del delito de feminicidio.

Gasman Zylbermann destacó que la orfandad de madre o cuidadora “no debe traducirse en una orfandad de Estado, por lo que el protocolo no solo buscó ordenar los datos, sino también las líneas de atención y la responsabilidad específica que tiene cada institución”.

A partir de esta presentación, el Inmujeres, en colaboración conjunta con los ámbitos federal, estatal y municipal afinará el protocolo para posteriormente presentar su versión final, que será publicadan en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación a nivel nacional.

El secretario ejecutivo del Sipinna, Ricardo Bucio Mújica, subrayó que el feminicidio “es la expresión más radical de la violencia de género contra niñas y mujeres que, cuando sucede, se presenta casi siempre en el ámbito de casa con violencias económica, psicológica, sexual, de castigo corporal, de disciplina negativa desde la primera infancia, por lo que es importante llamar a la corresponsabilidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno para avanzar por un cambio cultural desde la igualdad de género”.

La titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, dijo que el Estado tiene la obligación de visibilizar a los hijos de las víctimas para brindarles, de manera inmediata, la protección que requieren y precisó que este protocolo tendrá que prever la articulación interinstitucional, que considere cuatro garantías de protección integral: el derecho a la protección, a la ayuda, a la asistencia y a la atención. “Esto implica la restitución integral y el acceso a la justicia”.

En su intervención, Dora Giusti, jefa de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas en México, pidió “mantener la esencialidad de los servicios de protección tanto para las mujeres víctimas de feminicidio como para las niñas y niños que quedan en orfandad”. Destacó la importancia de que los menores “puedan regresar a una vida estable, ya sea con la familia extendida o con una adopción, poniendo siempre primero el interés superior de la niña y el niño, o en su caso, con el programa de familia de acogida para evitar el ingreso a instituciones”.