Guadalajara, Jal. Debió pasar un año pero finalmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación por el alza al pasaje del transporte público de 7 a 9.50 pesos autorizada por el gobernador Enrique Alfaro, documento en el cual se incluye la obligación que tienen los transportistas de regresar los 50 centavos a quienes pagan en efectivo con 10 pesos, lo cual no sucede bajo el pretexto de que las máquinas receptoras no dan cambio.
En el área metropolitana de Guadalajara se estima que hay alrededor de 4.4 millones de viajes en transporte público por día, por lo que la práctica de no regresar el cambio podría generar conservadoramente 2 millones de pesos diarios de “excedente” que se reparten tanto el gobierno como los permisionarios, dinero cuyo destino se desconoce.
La recomendación de la CEDHJ fue emitida en términos generales porque “fueron vulnerados los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a las buenas prácticas de la administración pública, al desarrollo, a las políticas públicas que propicien una mejor calidad de vida, a una buena administración pública, así como a la accesibilidad y movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad”.
La defensoría recibió el 25 de julio de 2019 la queja ante la inminente alza en la tarifa que se dio dos días después, en la cual los quejosos señalaron que el Sistema Integrado del Transporte Público, conformado por el llamado Macrobús, Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) o tren ligero y líneas alimentadoras o Sistema Integral del Tren Ligero (Sitren), afectaba la economía de las familias, que al usuario no se le regresaba cambio en moneda fraccionaria, que el proceso para dicho aumento no fue transparente y que no se contaba con un estudio técnico para justificar el alza.
Luego se acumularon más quejas ciudadanas por el alza en las tarifas y una más por violación a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, dado que el mismo transporte no es accesible a este segmento de la población.
Tras constatar una serie de anomalías, la CEDHJ solicitó en su recomendación al secretario del Transporte del Estado, Diego Villaseñor, que implemente de manera permanente programas de inspección, verificación y revistas físicas a las unidades de transporte público que cobran 9.50 pesos, respecto a las condiciones de cada unidad y de acuerdo con la normativa vigente.
“En coordinación con Siteur, se debe garantizar a las personas usuarias del transporte público el cambio fraccionario, si el pago es en efectivo y excede los 9.50 pesos. De ser necesario, modificar las máquinas receptoras de pagos para que otorguen el cambio correspondiente, y entretanto que, verifique la legalidad del proceso actual para recabar el dinero excedente del pago del pasaje y su destino final”, dice el documento.
Otras recomendaciones se refieren a mejorar los ingresos a las estaciones del tren ligero y macrobús para las personas con discapacidad y “aunque el fiscal especial en el combate a la corrupción no es una autoridad involucrada en los hechos, por sus facultades y atribuciones se le solicita que inicie una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos que resulta del pago que realizan las personas usuarias del transporte público en las unidades del Siteur y rutas empresa, al no aportar la tarifa exacta; y se determine si hay elementos constitutivos de un delito”.
