Miembros de esa industria plantean la urgencia de que las autoridades se involucren más en buscar soluciones para un sector intensivo en empleo, como propone Tito Briz, socio del grupo de restaurantes El Cardenal.

Briz comentó que ante la complejidad del problema que enfrenta el sector, es necesario establecer una mesa de trabajo en la que participen restauranteros y los tres órdenes de gobierno, por conducto de sus secretarías y dependencias (Hacienda, Economía, Trabajo y Turismo, entre ellas), para generar políticas públicas que permitan construir una ruta y eviten el colapso de esa industria.

Es preciso, agregó, encontrar coincidencias y establecer corresponsabilidades, porque tanto al gobierno como a los restauranteros les interesa conservar los empleos.

Subrayó que otro punto fundamental de la problemática es la contracción del consumo, y es precisamente en dichas mesas donde hay que lograr las estrategias para reactivarlo.

Cabe recordar, continuó, que es precisamente el sector restaurantero uno de los más golpeados durante esta crisis. Por tanto, se deben establecer medidas focalizadas en la defensa del trabajo.

Recordó que el cierre de sus establecimientos ocurrió el 26 de marzo pasado, suponiendo que bajar la cortina sería sólo por un mes.

A su regreso, dijo, el negocio enfrentó gastos imponderables, porque continuó pagando servicios, como luz, agua, la totalidad de los salarios de sus trabajadores –ya que ninguno ha sido despedido– y el arrendamiento de locales.

Detalló que el regreso de los comensales a las sucursales de El Cardenal ha sido lento, incluso por debajo del aforo permitido por las autoridades de la capital del país, a pesar de los rigurosos protocolos que se han establecido a raíz de la crisis provocada por la epidemia de Covid-19. 

Habrá más cierres si no hay ayuda rápida

La situación de los restaurantes es terminal. Si no entra ayuda rápida va a cerrar 50 por ciento más, advirtió Osvaldo Caldú, propietario de El Asado Argentino, quien comentó que no hay créditos y el poco financiamiento disponible es a tasas de interés elevadas.

Realmente no hay una política de crédito y nosotros como sector estamos agonizando, pues llevamos tres meses aguantando salarios, subrayó. Explicó que debe pagar 210 mil pesos de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero los ingresos de sus establecimientos son de entre 5 y 10 por ciento de las ventas tradicionales. No se vende un peso, apuntó.

Agregó que junto con otros integrantes del grupo de restauranteros Gastrónomos Unidos por la Libertad y Arte preparara una carta a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para expresar que están al límite. Destacó que otros países de América Latina que están en situación peor han recibido apoyos, lo cual no ha sucedido en esta nación.

Germán González, propietario de Maison Kaiser, destacó que ahora se vive la peor crisis en la historia del sector, no sólo por la falta de liquidez, sino por la ausencia de apoyos gubernamentales.

Comentó que la entrega a domicilio únicamente representa 10 por ciento de las ventas totales, pero son insuficientes para pagar rentas, salarios, servicios, impuestos, etcétera.

Consideró que para que un restaurante llegue a un punto de equilibrio necesita tener una ocupación de al menos 65 por ciento del aforo disponible. Sin embargo, aseguró, en días recientes no se ha llegado a superar 20 por ciento.

Interrogado sobre la obligación de realizar pruebas para detectar Covid-19 a su personal, aseveró que ésta debería ser responsabilidad del gobierno, pues se pagan cuotas al IMSS y éstas representan un costo extra, ya que el examen es bastante caro –alrededor de 4 mil pesos–. Sólo por empleado, puntualizó, se gastan casi hasta 700 pesos extra al adquirir caretas, guantes, cubrebocas y gel, entre otros materiales.

El problema no únicamente ha trastocado a negocios medianos, sino también a pequeños, como es el caso de Big Mama’s, popular establecimiento de la colonia Peralvillo en la capital del país.

Érika López, una de las propietarias del local, comentó que buscaron tener acceso a los microcréditos de 25 mil pesos ofrecidos por el gobierno, pero se los negaron por no tener inscritos a tres trabajadores ante el IMSS, mismos que son familiares y tuvieron la necesidad de incorporarse al negocio ante la pérdida de sus empleos.

Detalló que su local no cerró, pero para sobrevivir no dio servicio dentro del establecimiento y se optó por entregas a domicilio, mismas que no fueron a través de plataformas digitales para no pagar comisiones.