Ciudad de México. Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) destacaron que para enfrentar el problema de la inseguridad alimentaria como consecuencia del Covid-19, es necesaria una respuesta organizada que incluya la participación de los gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones multilaterales.
Durante el seminario virtual “Seguridad alimentaria y COVID-19”, el secretario académico del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, afirmó que de acuerdo con el informe: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 (SOFI, por sus siglas en inglés), publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 47.7 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron hambre durante 2019.
La directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, Teresa Shamah Levy, añadió que de acuerdo con la hipótesis de crecimiento económico, la pandemia puede aumentar entre 83 y 132 millones el número total de personas subalimentadas en el mundo en el 2020.
En tanto, Verónica Boero, estadista Regional en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que el impacto de la Covid-19 en la seguridad alimentaria será alto, ya que es la peor crisis económica global desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que propuso enfocar la atención en países y grupos de población que tradicionalmente no han tenido atención.
Indicó que es imprescindible invertir en el levantamiento de datos representativos de la población, para crear políticas públicas basadas en evidencia; transformar el sistema alimentario, de uno industrializado a uno más saludable y económico, así como facilitar el acceso a los mercados de los pequeños productores.
Además, es necesario continuar con los programas enfocados a disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos y no descuidar a las y los niños que dependían de la alimentación escolar.
En su participación, el profesor titular de Salud Pública de la Universidad de Yale, Rafael Pérez Escamilla, puntualizó que la inseguridad alimentaria aumenta como resultado de la Covid-19, afectando a las familias más vulnerables y, en mayor proporción, los hogares con niñas y niños pequeños.
Subrayó que proteger a las y los niños pequeños es crucial para el Gobierno de México, ya que esta inversión traerá fuertes retornos sociales y económicos.
