El ex funcionario comparecerá en las próximas horas ante un juez de control en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la audiencia inicial en la que de manera formal el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) conocerá los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) y que se relacionan con operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.
Las imputaciones derivan de las pruebas que ha obtenido el Ministerio Público federal y que lo señalan como responsable de haber recibido 9.15 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de relacionar políticamente a los representantes de la compañía con políticos mexicanos y entregar contratos de Pemex a Odebrecht.
La segunda causa penal derivó de una denuncia presentada por la representación jurídica de Pemex, en la cual se refirió que durante la gestión de Lozoya Austin, la petrolera adquirió la compañía Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares y, conociendo también que la planta adquirida requería de una inversión superior a los 4 mil millones de dólares para reactivar su producción de fertilizantes, ya que Agronitrogenados tenía años sin operar.
Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España, en febrero pasado y desde entonces había permanecido preso. Inicialmente no había aceptado allanarse a la extradición; sin embargo, al paso de los meses y que sus familiares negociaron con las autoridades mexicanas su entrega, acambio de colaboración en torno a diversos actos de corrupción en el gobierno anterior y aportar información relacionada con la entrega de sobornos a políticos que participaron en la aprobación de la llamada reforma energética, a fin de obtener beneficios jurídicos –tal y como lo autoriza el nuevo sistema de justicia penal–, como disminuir su sentencia y tal vez que se le permita la libertad bajo fianza, toda vez que los delitos que se le imputaron no son graves y podría garantizar la reparación del daño estimado.
Asimismo, funcionarios federales señalaron la posibilidad de que su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Eckes, también puedan comparecer ante el Ministerio Público federal y acogerse a los beneficios que otorga la ley para no ser llevadas a juicio.
Una vez en México estaba previsto someterlo a un examen físico dentro del hangar de la FGR y posteriormente trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ingresará por la aduana para ser puesto a disposición de un juez de control quien le notificará la imputación correspondiente, ya que ahí se emitió la solicitud de detención.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público federal formalizará la imputación y el ex funcionario, junto con su abogado, decidirán si solicitan al juez de control medidas cautelares que le permitan enfrentar el proceso en libertad, en caso de que se decrete su vinculación a proceso.
