Santiago. Transcurridos tres días desde la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza a retirar hasta un diez por ciento de las cotizaciones para jubilación, la coalición derechista Chile Vamos que sustenta al gobierno de Sebastián Piñera se ahoga en recriminaciones internas y, lejos de amainar, crece la ruptura con los legisladores que apoyaron la iniciativa opositora y que se impuso contra toda expectativa.

Esta tarde, tres diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que votaron a favor del proyecto, renunciaron tras ser amenazados con ser expulsados. Álvaro Carter, Virginia Troncoso y Sandra Amar tomaron la decisión antes de ser llevados ante el Tribunal Supremo acusados de contravenir los principios del partido y marginarse de su ideario.

En una declaración conjunta los tres diputados afirmaron que "no hemos cometido ninguna falta a los principios de la UDI, ni hemos cometido delito alguno, solo hemos votado en conciencia. Nos duele que se nos trate como indeseables y hoy estemos acusados frente al Tribunal Supremo. Por respeto a la dignidad de nuestras familias y a quienes votaron por nosotros, con sentido dolor y a fin de no alargar un proceso injusto, renunciamos a la UDI".

En la votación del miércoles 14, al igual que una semana antes cuando todo comenzó al aprobarse en primera instancia la "idea de legislar", 13 parlamentarios oficialistas apoyaron el proyecto respaldado en bloque por la oposición de centro izquierda. De esos 13, cinco pertenecen a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ocho a Renovación Nacional (RN), las dos principales fuerzas de la coalición. El resultado fue 95 a favor, 36 en contra, 22 abstenciones.

Para poner las cosas en contexto, el sistema privado de pensiones, basado en la capitalización de cuentas individuales, es del meollo del modelo neoliberal impuesto por el dictador Augusto Pinochet. Su ciencia radica en que los ahorros previsionales de los trabajadores, son invertidos por las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) en bonos, acciones y otros instrumentos financieros de grandes empresas locales, que encuentran así una forma gratuita de capitalizarse. Así ha sido desde 1980 y en eso se sustenta el crecimiento de los grupos económicos. Por tanto, permitir el acceso anticipado a los ahorros que manejan casi sin injerencia externa las AFPs, es visto por la derecha neoliberal chilena, como un golpe a los cimientos del modelo, algo inaceptable para la purista tecnocracia libremercadista.

Autorizar el acceso de los ahorrantes a los US$ 210 mil millones en cotizaciones e intereses acumulados, no acaba el sistema; pero sí agrieta lo que hasta ahora fue un designio inamovible y permite, ad portas del proceso constitucional inminente que tendrá Chile, proyectar un modelo previsional basado en la solidaridad inter-generacional, la antítesis del existente.

Las AFPs, el rostro del sistema, suscitan el rechazo del 80 por ciento de la ciudadanía y eso encuentra basa en que las pensiones que pagan son en promedio del 33 por ciento de los salarios de los ahorrantes previos a jubilarse, o sea, en torno a los US$ 180 mensuales. La promesa, cuando el sistema construido y promovido por José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera, fue que la tasa de retorno sería del 60 por ciento.

Existe tal consenso en torno al fracaso del sistema privado y la urgencia de construir algo nuevo, que esa convicción manda incluso sobre el hecho objetivo de que al autorizarse el retiro de los fondos, se castigan las futuras pensiones pues los ahorrantes dispondrán de menores recursos; o incluso se reconoce que al hacerlo, la clase media asume el costo de paliar con recursos propios las desastrosas secuelas sociales y económicas de la peste del Covid-19.

Andras Uthoff, doctor en economía de la Universidad de California Berkeley y ex integrante de una comisión asesora presidencial que en 2018 recomendó cambios al sistema de pensiones, prácticamente celebraba hace unos días la aprobación de la posibilidad de retirar el 10 por ciento, pese a reconocer que la opción podía ser regresiva.

"(Veo) con mucha esperanza este momento histórico que vivimos. Aquí hay un conflicto que traemos hace mucho tiempo, una política económica y social basada en la tecnocracia y en modelos que han ido dejando destruida a grandes partes de la población. Hoy se produce esta confrontación, entre parlamentarios que están en contacto con los ciudadanos viendo la realidad y, por otro lado, un gobierno que se basó en tecnócratas que no han dado el ancho para la solución de los problemas de la ciudadanía", dijo a una televisora.

Preguntado si es correcto el retiro de los ahorros, contestó que "esa discusión ya la superamos, es la situación a que nos llevó la inacción del gobierno frente a un tema tan crucial como la falta de ingresos frente a la pandemia. Se subordinó toda la solución de la pandemia a restricciones presupuestarias que no eran tales, cada vez vemos que el gobierno dice que tiene más dinero y que hará más cosas, pero por qué no las hizo antes. Esta es una tormenta perfecta a la que nos llevó el gobierno".

La revancha al instante

Casi inmediatamente después de la votación el pasado miércoles, la presidenta de la UDI, la pinochetista senadora Jacqueline van Rysselbergh, declaró que los cinco parlamentarios que rompieron la línea partidaria deberían ser pasados al tribunal de disciplina del partido para eventualmente ser sancionados.

“Nos duele que existan parlamentarios que hayan concurrido con su voto para aprobar esta iniciativa. Para nosotros es grave que concurran con su voto a aprobar iniciativas que son impulsadas por la izquierda para desbaratar un sistema que intentábamos mejorar. Una de las iniciativas es que esto sea evaluado por el Tribunal Supremo (TS)”, declaró. Después cumplió con su amenaza.

En respuesta, Iván Moreira, también senador de la UDI y hermano de uno de los diputados que aprobaron el retiro de los fondos, cuestionó a su presidenta: "¿Los que voten a favor de la nueva Constitución nueva los van a pasar al Tribunal Supremo ? Nuestro amigo y candidato presidencial (Joaquín) Lavín y otros parlamentarios los enviaran también al TS ? La Constitución si es una cuestión de principios. La UDI juega con fuego..", publicó en su cuenta en Twitter.

Joaquín Lavín, un alcalde vinculado a la UDI que figura en todas las encuestas como la principal carta derechista para las presidenciales del próximo año, también ha puesto en entredicho por insuficientes y tardías algunas decisiones de Piñera frente a la pandemia. Entre otras, la oferta que hizo personalmente el Presidente de entregar un bono de 500 mil pesos (US$630 aproximadamente) a aquellos que por ingresos califican en la clase media.

Hoy, Moreira desafió a la Van Rysselbergh: "No puedo aceptar una amenaza, porque cuando se hace esto lo que se busca es una expulsión, si hay penas del infierno, las habrá", dijo.

En Renovación Nacional, el partido mayoritario del oficialismo, los ánimos huelen a descomposición luego que dos diputados de ese partido se enfrascaron en una discusión pública acerca de ofertas de trabajo y de cohecho en torno a la votación, que aparentemente van a terminar en los tribunales de justicia. Andrés Celis ha lanzado reiteradas acusaciones en contra de su correligionario Diego Schalper, señalándolo como operador político del gobierno para cooptar, chantajear y/o amedrentar para que modificaran su voto aquellos parlamentarios de RN que apoyaron el acceso a los fondos previsionales.

Según Celis, "Schalper es el representante de (Cristian) Larroulet (el más cercano asesor y amigo personal del presidente Piñera), que es el Presidente de hecho. Cristián Larroulet es el que gobierna en las sombras”, se atrevió a decir.

Además, ha dicho que “mantendré mis palabras y las expondré en tribunales si es necesario", porque "me molesta que haya diputados que llamen a otros diputados como intermediarios de algunos ministros, ofreciendo algún tipo de beneficio de gracia y puestos en los gobiernos regionales. Se empodera a ciertos diputados que aparecen representando una élite política y nosotros nos debemos a la gente y no a ser recaderos ni voceros de lo que los ministros pretendan hacer. Menos cuando aparece el tema de las AFP, que si hay gente odiada en Chile, son las AFP y los políticos”.

Nubes grises en el Senado

Tampoco el panorama pinta bien para el gobierno en el Senado, donde hay cinco senadores oficialistas que se han declarado disponibles para votar a favor del retiro del 10 por ciento.

Uno de ellos es Iván Moreira que además de declararse en reflexión, ha enfatizado que no acepta "un clima de presión, violencia y amenazas para votar en una u otra dirección".

Respondió así a la van Rysselberghe, quien presiona ya para que en el Senado sea distinto y "actuemos todos alineados".

La Cámara Alta inició la vista del proyecto hoy viernes, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se estima que el próximo lunes podría votarse la idea de legislar.

El gobierno, que durante la semana falló estrepitosamente en sus intenciones de controlar a sus diputados y en forzarlos a rechazar el proyecto de retiro, vuelca ahora sus argumentos y presiones en el Senado. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tilda la iniciativa como la más regresiva de todas y afirma que "como Gobierno nos oponemos a sabiendas que es una postura popular", porque "no estamos en un concurso de popularidad, pero sí estamos en un concurso de responsabilidad. Alguien tendrá que hacerse cargo de los costos de esta mala iniciativa".

Todo por verse, noticia en desarrollo como suele decirse.