Madrid. No hay ningún traslado previsto del señor Lozoya Austin. Y esta noche dormirá en la cárcel de Navalcarnero (también conocido como Madrid IV)”, confirmaron a La Jornada fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias, que también reconocieron que su extradición voluntaria a México es inminente.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya envió y ya está en España el avión que trasladará al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), una medida excepcional adoptada por la restricción del tráfico aéreo comercial debido a la pandemia del Covid-19.

El operativo del traslado dependerá de la coordinación entre los agentes policiales de España, de México y de la Interpol, que es finalmente el organismo que tiene la facultad de custodiar al detenido y entregarlo, al haber sido el que en su día giró la orden de búsqueda y captura.

El viaje a México podría ocurrir mañana mismo, como prevén incluso las autoridades españolas, pero por motivos de seguridad el día y la hora del traslado se sigue manteniendo en el más absoluto secreto.

Emilio Lozoya Austin, uno de los hombres más cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto y que decidió extraditarse de forma voluntaria a México y colaborar con la justicia en los numerosos casos abiertos en su contra por presunta corrupción, todavía tendrá que pasar una noche más en la cárcel española de Madrid IV.

Desde el pasado 2 de marzo se encuentra encarcelado en una celda de cuatro por dos, que comparte con otro recluso común y que está además en un módulo de presos regulares, con lo que tiene varias horas al día para hacer ejercicio, estudiar o hacer actividades al aire libre.

La Audiencia Nacional de España ya dio luz verde, desde el pasado 8 de julio, a su entrega a las autoridades mexicanas, una vez que se cumplió el plazo previsto por la ley para que se presentara algún recurso de apelación a la decisión original, que se basó además en la decisión voluntaria del detenido de ser entregado a las autoridades mexicanas. Esto permitió que no fuera necesaria ni la autorización por parte del Consejo de Ministros ni que se superaran una serie de plazos fijados por la ley para garantizar el respeto de sus derechos como recluso.