Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Alejandro Vera Jiménes, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes.

Vera Jiménez puede impugnar mediante amparo directo ante un tribunal colegiado la resolución del tribunal administrativo.

El ex rector es señalado por el desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, conocido como la Estafa maestra

De acuerdo con los 25 dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentados por la Fiscalía General de la República como dato de prueba en la audiencia de vinculación a proceso de Robles, se relacionan con la firma de contratos y convenios que ex funcionarios de la extinta Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, así como con entes públicos, donde figuran nombres de ex rectores.

Según los datos de prueba del Ministerio Público Federal, Vera Jiménez aparece en tres contratos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor de Sedesol, por 675 millones de pesos, y uno más con Sonia Angélica Zaragoza González, ex directora general de procesos y estructura de la misma secretaría, por 22 millones 462 mil 182 pesos.

En la sesión de este miércoles del TFJA, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez señaló que el 17 de noviembre de 2013, la Sedesol estimó que la UAEM cumplió con el 100 por ciento los compromisos adquiridos por la casa de estudios mediante un convenio firmado el 6 de mayo de ese año.

Sin embargo, la universidad de Morelos convocó a una licitación el 7 de diciembre de 2013 para cumplir con el anexo cuyo contrato se adjudicó a la empresa Evyena Servicios el 18 de diciembre y ese mismo día se firmó el contrato por 203.6 millones de pesos.

La magistrada argumentó que Vera Jiménez incurrió en responsabilidad resarcitoria porque, en el convenio con Sedesol, afirmó que la institución tenía capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios, lo cual no era cierto, pues subcontrató a la empresa Evyena Servicios.

Además, el convenio con Sedesol no permitía ningún tipo de subcontratación, pero el 85 por ciento del dinero se pagó a Evyena, que luego lo transfirió a otras empresas.