Madrid. El histórico juicio para esclarecer la masacre de la Universidad Centroamericana (UCA) del 16 de noviembre de 1989, en el que murieron seis curas jesuitas -entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría- y dos mujeres del servicio doméstico, Elba y Celina, finalizó y los jueces de la Audiencia Nacional española lo declararon “visto para sentencia”. El único acusado, Orlando Montano, ex viceministro de seguridad pública y coronel del ejército, aseguró en su “derecho a la última palabra” que le ha “repugnado lo que se ha dicho en este juicio” y que ni él ni sus compañeros de promoción, conocidos como “la Tandona”, son “ni delicuentes, ni violadores de mujeres ni vulgares asesinos”.

La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional dieron por concluida la vista oral de un juicio histórico, por el que llevan luchando más de 30 años los familiares y víctimas de uno de los crímenes políticos más graves de Centroamérica del siglo XX. Aquel día, al borde de la madrugada, entró a la sede central de la UCA un comando de la muerte del llamado Batallón Atlacatl, que había salido unos minutos antes de la Escuela Militar con la encomienda de “eliminar” al que se había convertido en el objetivo número uno del Alto Mando militar, el cura jesuita Ellacuría, uno de los filósofos más brillantes de su generación y que trabajó hasta el último día por construir un proceso de paz en El Salvador, un país masacrado por una larga y cruenta guerra civil.

El único de los 20 imputados en la causa que lograron extraditar a España fue el coronel Montano, quien vivía desde hace varias décadas en Estados Unidos y que después de un largo proceso finalmente se logró su extradición para comparecer ante el tribunal. El resto de los imputados fueron amparados por la justicia salvadoreña y se rechazó su entrega a España. El juicio se planteó para esclarecer sólo cinco de los ocho asesinatos perpetrados aquel día, precisamente la de los cinco jesuitas de nacionalidad española, pero la acusación popular insistió en su alegato final en que se incluyeran al resto en apego a la justicia universal.

A pesar de que el acusado se había comprometido con su abogado a guardar silencio y a no hacer uso del derecho de la última palabra, finalmente para sorpresa de la sala decidió acercarse al micrófono para hacer una encendida defensa de la actuación del ejército salvadoreño en aquellos años, en concreto de su promoción, conocida como “la Tandona”, que tenía el control militar del país. Montano aseguró: “El juicio que se inició hace un par de semanas aquí en España en contra de mi persona, considero que ha adolecido de muchos errores, técnicos y también morales porque se ha mentido a destajo de parte de los peritos que han atestiguado a favor de la familias de los padres jesuitas”.

Al referirse al crimen de la UCA, Montano aseguró que “fue un error muy grande el que cometieron los soldados y como tal eximo de la responsabilidad al Alto Mando y a todos los que hemos sido mencionados en la Comisión de la Verdad porque ese informe lo escribieron en la UCA. Ellos hicieron ese informe en el que comprometían a toda la promoción de la Tandona y nos catalogaban como delincuentes, violadores de mujeres y asesinos vulgares. Todo eso es falso”.

Montano fue más allá y aseguró que “nunca he cometido un delito, ni allá ni en los Estados Unidos, que dijera que soy un criminal. En cierta forma yo consideraba al padre Ellacuría como un amigo, porque en diferentes ocasiones pude ayudarle sacándole a personas detenidas por las autoridades y principalmente de las que han estado bajo mi mando en la zona occidental, central y oriental del país. No con esto quiero decir que él fuera miembro del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), nunca lo acusé de esto, siempre le consideré una persona honesta y correcta”.

E insistió en defender su inocencia: “En ningún momento participé en una reunión en la que se diera la orden de matar a los curas ni fueron mencionados en las reuniones que mantuvimos. Sí hubo una expresión de que había que, no asesinar, sino controlar a los líderes de la subversión que estaban ubicados en la ciudad de San Salvador. Es lo que puedo decir en mi favor. E insistir que la Tandona no es una organización terrorista ni subversiva, sino una organización con fines sociales de militares que se graduaron el mismo año, en 1966. El prestigio nos lo ganamos con honestidad, con el sentido del deber y el respeto a los derechos humanos. Este juicio ha sido muy cansado y me han repugnado tantas cosas malas que se han dicho en contra de mi persona, de mi promoción y de mi país”.

Por parte de la acusación popular tomó la palabra el abogado Manuel Ollé, quien asumió el caso hace más de una década con el objetivo de hacer prevalecer la verdad y luchar contra la impunidad, por eso en su alegado final instó al tribunal a redactar una sentencia modélica, en la que también se señale al resto de autores intelectuales -el conjunto del Alto Mando militar-, asumiendo la justicia universal al tratarse precismente de un acto de terrorismo de Estado que atentó contra la humanidad en su conjunto. “Hoy la Audiencia Nacional no es un tribunal nacional. Por la entidad y el principio de jurisdicción internacional están actuando en representación de la comunidad internacional, porque con este crimen se quebró el orden social internacional. Hoy juzgamos a un enemigo de la humanidad. Y esperamos que la sentencia sea modélica, que sea un reconocimiento para la víctimas, para los padres, para Elba y Celina, pero también para el pueblo salvadoreño y para la comunidad internacional. Es un hecho que duele a la humanidad entera, dejaron huérfano a todo un pueblo, a sus alumnos, a sus comunidades”.