Mónaco. Luego de perder el recurso de apelación que interpuso contra una suspensión de cuatro años por dopaje, la marchista Guadalupe González, medallista olímpica de plata en Río 2016, ahora afronta nuevos cargos por defenderse con pruebas falsas.
La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) publicó ayer el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que este mes rechazó la apelación presentada por la atleta, quien atribuyó el resultado positivo por el esteroide anabólico trenbolone en 2018 al consumo de tacos con carne contaminada.
El uso de esteroides es permitido en la ganadería en México.
En una declaración escrita en su primera audiencia disciplinaria, González desglosó detalles falsos sobre la carne que consumió. Los atletas deben demostrar cómo fue la ingesta de una sustancia dopante para poder evitar una sanción.
Al disculparse ante el panel de jueces del TAS, Lupita “reconoció explícitamente que mintió, además de que presentó y recurrió a documentos falsos", según consigna el fallo.
La AIU, a cargo de llevar a cabo los casos disciplinarios en el atletismo, dijo que abrirá un segundo expediente a la deportista por manipulación de pruebas.
La marchista mexiquense es acusada de haber presentado documentos falsificados, pruebas fabricadas y un falso testimonio en el curso del proceso ante la comisión de disciplina de la IAAF en su primera infracción.
Tras arrojar positivo con el esteroide, el 17 de octubre de 2018, la andarina de 31 años negó la infracción ante la comisión de disciplina de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), y después ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), explicando que la presencia de la sustancia se debía a consumo de carne contaminada.
El TAS rechazó la apelación y confirmó a principios de julio la sanción, de cuatro años de suspensión a contar desde el 16 de noviembre de 2018 y anulación de los resultados posteriores al 17 de octubre de 2018, confirmó la AIU en su cuenta de Twitter.
La AIU investiga ahora a la atleta por una segunda infracción, por falsificación, subrayó el organismo.
En videoconferencia del pasado 3 de julio, Lupita González dijo estar arrepentida y responsabilizó al primer grupo de abogados encargados de llevar su caso, proceso del cual se desprenden las irregularidades detectadas. Sostuvo que le fueron recomendados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y emprendió una demanda en contra de los legistas.
Andrés Charría y Víctor Delgado Jaramillo, los defensores que retomaron el caso tras dictarse la sanción, coincidieron que si se hubiera llevado un proceso responsable pudo ser distinta la situación a enfrentar por la atleta.
González, teniente de fragata de la Secretaría de Marina, conserva las medallas de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en el Mundial de Londres 2017, obtenidas antes del lapso que abarca su sanción, por ahora hasta noviembre de 2022.
