Ciudad de México. Un video filtrado a varias televisoras muestra al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio interrogar a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En las imágenes se ve al imputado sin camisa y con el rostro cubierto declarar bajo amenazas y sin asistencia legal. Este testimonio no fue incorporado al expediente del caso.

Fuentes de la Fiscalía General de la República afirmaron que la grabación no salió de sus archivos, pues su difusión invalidaría su uso como prueba en el proceso que se fincó a Zerón de Lucio.

Horas más tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la resolución del caso Ayotzinapa es un tema en el cual el Estado mexicano tiene que dar respuestas, de ahí que la extradición del ex titular de la AIC de la extinta Procuraduría General de la República sea relevante para las indagatorias.

La funcionaria, junto con el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, destacó el interés de la administración federal por concretar con las autoridades de Canadá –donde se tiene ubicado a Zerón de Lucio– su pronta extradición, por lo que ya hay acercamiento con el gobierno de esa nación.

Encinas descartó que exista riesgo de que se dé a la fuga una vez que se conoce su ubicación, pues al haber una ficha roja de Interpol no podrá salir de territorio canadiense sin ser detenido.

La grabación difundida fue hecha con un teléfono celular donde se capturó la imagen de la pantalla de una computadora, que reproducía el video original.

La semana pasada el gobierno de México informó que solicitó la emisión de una ficha roja de Interpol para aprehender a Zerón, a quien se acusa de haber modificado las investigaciones del caso Ayotzinapa al incurrir en alteraciones y ocultamiento de indicios, así como torturar a los detenidos para que confesaran su participación en los hechos.

En septiembre de 2018 el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito ordenó la liberación de Rodríguez Salgado por falta de elementos y porque su confesión, que se presentó como prueba principal, habría sido obtenida mediante tortura.

Por medio de Twitter, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señalaron por separado que las condiciones del interrogatorio mostrado podrían ser calificadas de tortura; esto se suma al cúmulo de evidencias sobre graves irregularidades y violaciones a prerrogativas en el caso, por lo que exigieron a las autoridades investigar los delitos que se desprendan del video sobre el interrogatorio a Rodríguez Salgado, así como sancionar a quienes los cometieron.