Morelia, Mich. Ni las familias afectadas ni organizaciones defensoras de derechos fundamentales en Michoacán han participado en la elaboración del registro histórico de personas desaparecidas, no obstante que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, haya informado lo contrario, afirmó Mercedes Ruiz, integrante de Familiares Caminando por Justicia.

“Hemos solicitado acercamiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con el subsecretario Alejandro Encinas desde hace más de un año y no nos han recibido, incluso pedimos su participación en la caravana de búsqueda de mayo de 2019 y no se presentaron. Falta más atención y darnos oportunidad de participar, porque nadie más que nosotros sabemos lo que significa perder un hijo, un hermano o un padre”, apuntó Mercedes Ruiz.

El gobierno federal debe de atender los casos de desapariciones forzadas en Michoacán, que suman al menos 300, bien documentados, en los que estuvieron involucradas autoridades de los tres órdenes de gobierno y la delincuencia organizada.

Dijo que es necesario que la CNDH y la Secretaría de Gobernación transparenten la metodología que utilizaron para asegurar que hay 73 mil 201 personas desaparecidas, casi todas a partir de 2006. “Necesitamos tener acceso a la base de datos y de información”, enfatizó la luchadora social.

“Las autoridades de varios estados del país", entre ellos Michoacán, “tienen una enorme deuda con las familias de los desaparecidos porque hemos vivido décadas de simulación y humillaciones, lo único que han sabido decir es que no hay nada nuevo sobre el caso, cuando sabían perfectamente que no habían hecho nada”, apuntó la defensora de derechos humanos.