Ciudad de México. La resolución del caso Ayotzinapa es un tema donde el Estado mexicano tiene que dar respuestas, de ahí que la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, sea relevante para las indagatorias.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, destacaron el interés de la administración federal por concretar con las autoridades de Canadá –donde se tiene ubicado a Zerón— su pronta extradición, por lo que ya hay acercamientos con las autoridades de ese país.

“Este es un tema del Estado mexicano, no del gobierno de la República, no del Poder Judicial, no de la Fiscalía, no del gobierno de Guerrero, ni del municipio de Iguala. No, es un tema de Estado, donde el Estado mexicano tiene que dar una respuesta”, señaló Sánchez Cordero.

La funcionaria se refirió al tema en la sesión de preguntas y respuestas de la presentación del informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Enfatizó que en el caso Iguala se deben rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Cuestionada sobre el video difundido este lunes en el que Zerón aparece en un interrogatorio irregular a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los imputados en el caso Ayotzinapa, la funcionaria refirió que deben ser las autoridades quienes determinen si hubo un delito por parte del ex titular de la AIC.

“Todo indiciado tiene garantías constitucionales, una de esas es presunción de inocencia, la otra es garantía de audiencia y la otra es debido proceso (…) Nosotros no podemos decir (si se configura la tortura), ni siquiera con el video, sino que tienen que ser las investigaciones, una vez que se le dé la garantía de audiencia, que tenga el debido proceso y que obviamente esté presente la presunción de inocencia, y que decidan las autoridades, primero de la Fiscalía y después del Poder Judicial, su sentencia, su resolución”.

Recordó que a Zerón de Lucio se le señala de su probable responsabilidad en varios delitos ligados a la investigación del caso, como omisión y haber “sembrado” restos. “Se tiene que rendir cuentas sobre esta situación tan lamentable y grave que fue la desaparición de los 43”.

En el mismo acto, el subsecretario Encinas detalló que la SG, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha reunido con distintas autoridades canadienses para dar seguimiento a la orden de aprehensión y extradición del ex funcionario federal.

Afirmó que no hay riesgo de que Zerón de Lucio se pueda dar a la fuga una vez que se conoce su ubicación, pues al haber una ficha roja de Interpol, no podrá salir de territorio canadiense sin ser detenido.

Por su parte, a través de Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que una vez difundido el video, se puede considerar que Zerón de Lucio cometió tortura.

“Las condiciones en que se da el interrogatorio y las amenazas que profiere un funcionario de alto nivel involucrado deben calificarse como tortura y se suman al cúmulo de evidencias sobre graves irregularidades y violaciones a derechos humanos en el caso”, subrayó la organización que acompaña a los familiares de las víctimas.

Por ello, llamó a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal a evitar la filtración de información que puede constituir prueba de cargo en procesos judiciales.