Aunque el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) ha estado haciendo avances progresivos hacia su conformación, uno de los principales obstáculos que enfrenta es la “resistencia” que muchas fiscalías locales tienen ante la nueva realidad que los obliga a colaborar con colectivos civiles y organismos internacionales, pues muchos funcionarios temen que se revele su ineficacia o incluso su complicidad en actos criminales.

Así lo afirmaron organizaciones de familiares de víctimas, las cuales señalaron que a pesar de las dificultades, el Mecanismo va avanzando con pasos seguros, por lo que se espera que antes de finalizar este año por lo menos ya esté designado su comité directivo.

Valentina Peralta, coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, advirtió que “hay un halo de resistencia de algunas fiscalías estatales –no todas--, porque consideran que están siendo invadidos sus espacios, como si fueran un feudo donde nadie puede meterse, sin considerar que deben incluir en su nueva realidad institucional el derecho que tienen las personas desaparecidas a ser buscadas”.

A decir de la activista, dicha reticencia obedece en muchos casos a que hay servidores públicos que “temen que otros ojos descubran sus prácticas irregulares o incluso delincuenciales, y tienen miedo a las consecuencias jurídicas que esta evidencia pueda traerles. Tengamos en cuenta que muchos de estos funcionarios han estado ahí por años y no puede echarle la culpa a otras personas”.

Luego de advertir que cualquier intento de obstaculizar al MEIF se enfrentará con las denuncias de los familiares de las personas desaparecidas, Peralta consideró que este mecanismo debería ser percibido por las fiscalías como una ayuda, pero también como un nueva realidad jurídica “que les dice que ellos ya no tienen la sartén por el mango. Les guste o no les guste, tienen que acoplarse”.

La activista recordó que el Mecanismo tiene un alcance nacional y es producto de un acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se firmó el 4 de diciembre de 2019, y que obliga a todas las autoridades a identificar a los cuerpos sin vida que se encuentren en fosas clandestinas, servicios médicos forenses, universidades o cualquier otro sitio.

Por su parte, Graciela Pérez Rodríguez, integrante de la organización Milynali Red CFC señaló que en los meses recientes se ha estado avanzando en la conformación del MEIF con pasos lentos, pero ciertos, y se espera que a finales de este año ya se tengan designados a los siete integrantes del comité coordinador del Mecanismo que van a representar a los organismos civiles, cuyos perfiles ya fueron definidos.

De acuerdo con la activista –quien busca a su hija, su hermano y tres sobrinos, desaparecidos desde 2012-- los colectivos participantes en este proceso acordaron que cuatro de los mencionados integrantes deben ser expertos en temas forenses, uno en asuntos jurídicos, otro en temas de cooperación internacional y otro más en aspectos de tratamiento sicosocial de las víctimas.

Tras la designación de quienes ocupen esos lugares, dijo, seguirá la fase de abrir una convocatoria en México y el extranjero para los peritos y especialistas que quieran formar parte del MEIF, con criterios bien definidos, para que “no se vuelva una contratación de expertos sin ton ni son”.

Con respecto a los fondos con los que contará el Mecanismo, Pérez Rodríguez indicó que “la Secretaría de Gobernación no han hecho ningún recorte, del cual tenemos mucho miedo. Queremos creer que así va a seguir, pero como hemos tenido muchas malas experiencias, eso nos hace ser muy desconfiados. Esperamos que no se hagan recortes en el MEIF ni en la Comisión Nacional de Búsqueda, porque es ahí donde debe haber suficientes peritos para salir de la crisis” de identificación forense.