El 9 de julio, más de 120 familias del colectivo A Tu Encuentro, que buscan a personas desaparecidas en Guanajuato, instalaron un plantón fuera del Teatro Juárez de la capital estatal, pidiendo ser atendidas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en rechazo a la elección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Díaz Esquerra.

El 3 de julio, el titular del Ejecutivo estatal había nombrado a Esquerra, a propuesta de la Secretaría de Gobierno, como comisionado, tras un proceso de selección que, según el Observatorio de Designaciones Públicas, organizaciones y colectivos del país, no cumplió con los estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, ameritando ser repuesto ( tiny.cc/q5fasz).

A Tu Encuentro también demanda mesas de trabajo sobre atención a víctimas, búsqueda e investigación con metodología clara; reponer el proceso de selección del comisionado, quien, según comunicaron públicamente ( tiny.cc/2agasz), tiene perfil administrativo, sin experiencia en búsqueda, y no ha acompañado a colectivos del estado, y una disculpa pública del gobernador por unos casos de hostigamiento a las víctimas y la falta de investigación y mecanismos de reparación y no repetición.

El viernes 10, unas 60 personas de A Tu Encuentro marchaban pacíficamente con las lonas de sus seres queridos en la entrada de la ciudad y fueron reprimidas violentamente por integrantes de la policía estatal: tres buscadoras, una activista y un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron detenidos y liberados en la tarde, y otra quedó herida ( tiny.cc/z0gasz).

Ante los hechos ocurridos en #Guanajuato, la ONU-DH hace un llamado a respetar el derecho a la manifestación e investigar las alegaciones de un posible uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias, y la actuación de la policía, comentó este organismo en Twitter. También la CNDH, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y decenas de organizaciones han condenado lo sucedido.

Históricamente, las autoridades de Guanajuato han subestimado la gravedad de las desapariciones en la entidad, pese a que hay entre mil y 2 mil personas cuyo paradero se desconoce. La fiscalía ha negado la presencia de fosas clandestinas, aunque investigaciones hemerográficas confirman la presencia de al menos 105 sitios de este tipo. La tendencia ha sido la criminalización de las víctimas y el ninguneo institucional hacia las familias en búsqueda de las y los desaparecidos.

Mientras los empresarios guanajuatenses difundían un comunicado de corte paternal-diazordacista, apelando a la paz, el orden y el estado de derecho (sic), la Secretaría de Gobierno (SG) de Guanajuato, en respuesta al plantón y a la marcha, anunciaba el supuesto cumplimiento de los compromisos generados el 16 de enero por el gobernador en su encuentro con los colectivos: un fondo de 10 millones de pesos para la atención a familias de desaparecidos, difusión de fotos en el portal de SG, Ley Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y reuniones con la fiscalía estatal. El problema es que los acuerdos no fueron propiamente éstos y, además, su cumplimiento es cuestionable.

El fondo no era puramente de atención, sino que debía ser para ayudas urgentes y, sobre todo, la integración de mesas de trabajo, según el modelo de Coahuila o Nuevo León, con tomadores de decisiones de gobierno y fiscalía, colectivos, expertos y familias de personas desaparecidas para poner en marcha rápidamente medidas de apoyo económico, legal y sicosocial de manera integral, estructural y participativa, siguiendo una metodología que se envió a la SG, sin obtener respuesta satisfactoria. Aunque hubo reuniones de unos colectivos y representantes con fiscales y otras instancias, las mesas son mecanismos más estables, transparentes y efectivas.

Si bien hubo apoyos a cierto número de familias del estado en estos meses, han sido pocos, erráticos y selectivos. El gobierno no ha dado el paso para salir de lo asistencial y lo discrecional y fijar verdaderas políticas públicas, dignas y universales para las víctimas, junto con las familias.

La promesa de dar difusión a los casos quedó reducida a un micrositio institucional que no integra ninguna base de datos, contiene sólo un centenar de fichas y no se liga a un verdadero plan de comunicación masiva, que sí había sido comprometido en la mencionada reunión. La fiscalía aún no da a conocer datos sobre personas desaparecidas.

La ley de búsqueda fue aprobada por el Congreso, no por el Ejecutivo, quien hubiera podido crear, en cambio, ya en enero, una comisión de búsqueda por decreto con el fin de desahogar los casos más apremiantes. Esta opción fue apoyada por los colectivos A Tu Encuentro, Búscame, Justicia y Esperanza, pero fue descartada. Si bien se eliminó la categoría de persona no localizada, que es un avance, el proceso no consideró la participación de las familias de manera satisfactoria. De 12 reservas a la ley presentadas por colectivos, académicos y organizaciones, ninguna fue aprobada por la mayoría panista del Congreso, quedando fuera la definición de fosa clandestina, la ampliación de atribuciones de la comisión y la fiscalía especializada o el fondo ad hoc para la búsqueda.

*Periodista italiano