Ciudad de México. Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades son algunos de los problemas que aún persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.
Datos de la la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señalan que ese sector industrial es importante para el país porque representa el 4.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de generar 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de impuestos.
Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) señaló que actualmente el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, el cual causa una grave afectación a la biodiversidad, porque desplazan miles de hectáreas con valor biológico muy alto.
Durante su participación en el foro “La reactivación de la minería antes la nueva normalidad”, el especialista comentó que las empresas mineras dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero estos planes tienen poca eficiencia en el entorno pues solo logran sobrevivir entre un 20 por ciento de los árboles de especies exóticas que colocan. “Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera”, apuntó.
Consideró que es necesario generar una estrategia para evitar este costo ambiental que se esta pagando y también modificar de la normatividad y legislación porque no garantiza que las empresa puedan cumplir, pero implica que no tenga afectación la biodiversidad.
Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que la minería no son grandes comunicadores, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.
Sobre los derechos humanos de las personas que habitan las comunidades donde se realizan las actividades de minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) destacó que existe temor de que puedan violentarse.
Explicó que se ha documentado que en el diálogo con pueblos indígenas no se les da trato adecuado, se les minimiza y no se entiende que ellos tienen una visión de la tierra, que es diferente a la de los empresarios.
Destacó que es recurrente que la información que se presenta a las comunidades no es clara, ni suficiente, no es verídica, por lo que crean desconfianza, pues a los habitantes de esas localidades les preocupa su calidad de vida, los recursos naturales que tienen y que puedan perder cuerpos de agua o sean contaminados por la actividad minera.
Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente llegue beneficiar a las comunidades donde se extraen los minerales y no se dirijan los recursos a otras lugares y áreas.
De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la CAMIMEX, las empresas del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.
En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de División de Gendarmería, señalo que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, que son paralelas al suministro de comercio legalmente establecido, modelo que se replicado en el sector minero.
Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado Policía Federal, señaló que existen delitos conexos que en el sector minero que están asciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.
Comentó que esos delitos con la trata de personas, la extorsión en las actividades satélite como el transporte de materiales, por lo que es necesario abatir esos actos.
