Madrid. “Nosotros, en los que fue la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Ejército salvadoreño, teníamos muy claro a la mañana siguiente de los hechos que los autores materiales e intelectuales habían sido las Fuerzas Armadas”, relató al tribunal de la Audiencia Nacional de España el ex militar salvadoreño y experto en asuntos de seguridad Luis Alberto Parada.
Él mismo acudió a la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) unas horas después del crimen, el 16 de noviembre de 1989, donde analizó la escena del horror y hasta le confesó a modo de disculpa a una mujer que trabajaba en la casa de los jesuitas que “no todos los militares somos así”.
El 15 de noviembre de 1989, en la sede la UCA en El Salvador se registró el asesinato de seis curas jesuitas, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y dos mujeres que trabajaban en el servicio doméstico, Elba Ramos y su hija Celina, de tan sólo 15 años. Era un momento convulso, en pleno enfrentamiento entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los comandos militares desplegados en todo el país por órdenes del entonces presidente Alfredo Cristiani. Aquella madrugada, un grupo de élite del Batallón Atlacatl entró en la rectoría de la UCA y acribilló a los padres jesuitas, pero según varios testimonios el objetivo principal era Ellacuría por su trabajo para la construcción de un Acuerdo de Paz y porque una parte del Ejército lo consideraba cómplice e incluso alto mando “de las fuerzas subversivas”.
En la sexta sesión del histórico juicio, testificó el ex militar de inteligencia Luis Alberto Parada, quien vive desde hace más de 20 años en Estados Unidos y hoy ya es naturalizado estadunidense. El día de la masacre él formaba parte de un equipo de elite de la DGI, habiéndose formado en la universidad estadunidense de West Point. Cuando se enteró, alrededor de las siete de la mañana del crimen a través de una comunicación de radio interna de los militares, acudió al lugar de los hechos con el capitán Herrera Carranza, quien fue asesinado “en extrañas circunstancias” unos meses después de la masacre. “Tuvimos la convicción de que teníamos que ir a intentar averiguar qué había pasado pues estaba en riesgo la seguridad del país y de inmediato nos dimos cuenta que habían sido las fuerzas armadas. No había duda. Por eso nos alertó e incomodó tanto cuando unas semanas después vimos la estrategia de encubrimiento por parte del Estado”, relató al tribunal.
En la sesión también testificó Katherine Temple Lapsey, quien verificó los documentos desclasificados por la CIA y el FBI y que confirman la versión de la acusación, de señalar al alto mando militar en la preparación y ejecución del crimen, entre ellos la del único imputado en el caso, el viceministro de seguridad Orlando Montano. Una conclusión parecida a la que llegó Douglass Cassel, quien fue asesor jurídico para la Comisión de la Verdad de la ONU para El Salvador. “Sobre el crimen de los jesuitas, encontramos elementos relevantes de la actitud de la cúpula del Alto Mando del Ejército como responsables, además de que llevaron a cabo una campaña en contra de los padres jesuitas acusándolos de ser parte e incluso dirigentes del FMLN”.
