Mazatlán, Sin. Los legisladores del congreso de la entidad aprobaron la Ley para Prevenir, Atender, y Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, y se crea un Fondo especial así como el Registro Estatal para personas Desplazadas que será renovado cada tres años.

Alma Rosa Garzón Aguilar, legisladora del grupo parlamentario de Morena, informó que la semana pasada reportaron a 50 familias expulsadas de la zona serrana de Bagrecitos, perteneciente a Culiacán, que suman casi 25 mil desplazados; dato documentado por organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos, en los últimos 10 años en los pueblos serranos de Sinaloa.

Con esta Ley se crea el Registro Estatal de Personas Desplazadas por causa de violencia, con el objetivo de facilitar la asistencia y ayuda humanitaria a esos grupos vulnerables y que señala que son desplazados internos las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o sitio de residencia habitual para evitar situaciones de violencia.

Además del Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas, que elaborará una Comisión Intersecretarial, y será presentado al Congreso, y renovado cada tres años.

Para ello el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deberán garantizar la seguridad de las personas en situación de desplazamiento, de manera particular contra la privación de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios, y en general contra cualquier otra amenaza durante el desplazamiento, reasentamiento o retorno.

Garzon Aguilar reconoció que el desplazamiento que produce la violencia en Sinaloa, ha sido un problema grave que ha sido ignorado por las autoridades tanto del gobierno estatal como en los municipios, por lo que el congreso etiquetó recursos en los presupuestos de años 2019 y 2020, de 30 y 40 millones de pesos respectivamente para la atención básica de las familias afectadas.

Dijo que con esta Ley, a partir de su decreto y publicación en el diario oficial estatal, se ordena al gobierno sinaloense y a los ayuntamientos a brindar a las personas desplazadas de manera minina, las medidas de asistencia, como alimentos y agua potable, alojamiento, ropa, servicios médicos, medicamentos y tratamientos para victimas de agresiones sexuales, además que garanticen los servicios de educación básica.

De igual modo deberán atender, conforme a los criterios de la ONU, que las personas en situación de desplazamiento no sean obligadas en su retorno, ni recluidas o confinadas en campamentos.

El decreto de Ley se establece, también, que para facilitar las condiciones de regreso seguro y voluntario a sus comunidades se ordena al gobernador del estado, y a los ayuntamientos, documenten y publiquen de oficio las peticiones al gobierno federal relacionadas con la seguridad, libertad de movimiento, restitución de vivienda, tierras y otros bienes patrimoniales .

Se apoyarán las acciones de las personas desplazadas, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año, incluirá en el ramo de Desarrollo Social, El fondo Especial para la Atención de Personas Desplazadas.

Señaló que se legisló atendiendo las recomendaciones numero 34 que se han hecho al país, pues en 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano legislar en materia de desplazamiento interno conforme a los criterios de las Naciones Unidas, y los principios rectores en materia de desplazados.

La diputada de Morena dijo que existen diversos datos sobre el número de personas que han salido huyendo de sus comunidades, y apuntó que desde el año 2017 fueron 300 familias de comunidades serranas del municipio de Concordia las expulsadas, de La Petaca, Chirimoyos, El Coco, Cuatantal, Potrerillos, Santa Catarina, Santa Lucia, El Carrizal, La Capilla del Taxte, Los Cerritos, Los Naranjos, Palmillas, Cuauhtémoc, La Guayanera y Pánuco.

Argumentó que solo en 2018 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Documento cinco episodios en la entidad de desplazamientos afectando a 931 personas en municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia, San Ignacio y Badiraguato, y en el año 2019, 12 familias fueron expulsadas de la comunidad de La Rastra municipio de El Rosario.

Destacó que en los últimos ocho años se han documentado numerosos casos de comunidades donde salen desplazados sus habitantes de los municipios Concordia, Choix, Mazatlán, San Ignacio, El Fuerte, Culiacán y Badiraguato.

La presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso, señaló que un informe especial presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló que en Sinaloa hay 10 municipios con 24 comunidades de la sierra, donde la violencia ha expulsado a sus habitantes, además que desde el año 2012, la Comisión no gubernamental de derechos humanos en la entidad, realizó una advertencia de que se habían desplazado a unas 25 mil personas de sus lugares de origen.

La diputada expuso que Sinaloa se encuentra entre los estados señalados en 2012 en el informe de la organización internacional del Consejo Noruego para Refugiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas que además de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Michoacán, Guerrero y esta entidad.

El Pleno aprobó el dictamen de iniciativa de Ley que elaboraron las Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, que presiden el diputado, Horacio Lora Oliva, Angélica Díaz Quiñónez y Alma Rosa Garzón Aguilar, respectivamente.

Para esta iniciativa también se reformará del Código Penal un capítulo denominado "Desplazamiento Forzado Interno", al artículo 175 Bis para castigar de seis a 12 años de sanciones a responsables del éxodo.