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Capturan al ex gobernador César Duarte en Florida

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En redes sociales circuló la foto de César Duarte, ex gobernador priísta de Chihuahua, tras ser detenido en Florida
09 de julio de 2020 08:19

Autoridades de Estados Unidos aprehendieron en Florida al ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien desde 2017 se convirtió en prófugo de la justicia al enfrentar cargos por corrupción, peculado y desvíos de recursos por mil 200 millones de pesos.

En las próximas 72 horas será presentado ante la corte federal del distrito sur de Florida, con base en la orden de detención provisional con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México a petición de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), en 2018 el gobierno de Chihuahua presentó las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra del ex Ejecutivo estatal. En la actualidad se han librado 22 mandamientos judiciales en su contra.

De acuerdo con la FGR, durante 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo inactivo el caso.

Sin embargo, ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en 2019 se inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadunidense, indicó la FGR, que dirige Alejandro Gertz Manero.

Los cargos

El 8 octubre 2019 la juez de control del distrito judicial Morelos, en Chihuahua, libró la orden de aprehensión en contra de César D por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ya que presuntamente aprobó operaciones con empresas fachada, el pago a aviadores y autorizó la venta de propiedades estatales a precios menores a su valor real a personas vinculadas con sus colaboradores.

La solicitud de extradición fue presentada por México el 18 diciembre del año pasado con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ayer la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadunidense comunicó que el ex gobernador de Chihuahua fue detenido en la ciudad de Miami, Florida, por el Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshalls Service), reveló la FGR.

En ese contexto, la defensa de Duarte Jáquez ha presentado solicitudes de amparo ante la justicia federal para recuperar propiedades que le han sido embargadas por el gobierno de Chihuahua y también con el fin de evitar que se cumplimenten las órdenes de aprehensión en su contra; sin embargo, estos recursos le han sido negados.

A finales de junio pasado, el tercer tribunal colegiado penal con sede en Toluca, estado de México, negó al ex gobernador una petición de amparo en relación con una orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de Chihuahua en su contra por el presunto desvío de 379 millones de pesos del erario para pagos ilegales a diputados locales y financiar la campaña electoral del PRI en 2015.

Pagos millonarios

Entre las imputaciones que se le han formulado se encuentra la contratación simulada con la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV, por la suma de 379 millones 204 mil 999 pesos, y el dinero lo recibió Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones de Chihuahua, actualmente preso, quien lo usó para hacer pagos millonarios en efectivo a diputados locales que aprobaron la bursatilización de la deuda pública del estado en 2015.

Asimismo, Duarte Jáquez está inculpado de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público, relacionados con la inversión de 65 millones de pesos en acciones del banco Unión Progreso.

Como parte de las acciones en su contra, el gobierno estatal aseguró el rancho El Saucito, que se ubica en el municipio de Balleza, y una oficina que se localiza en las calles Tecolotes y San Patricio, en la colonia Esmeralda del municipio de Hidalgo del Parral.

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Sin embargo, el juez Ciro Carrera negó la suspensión provisional, pues argumentó que de conceder la medida "podría verse afectado el bienestar del orden social".
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