Ante la actual política gubernamental de recortes presupuestales, diversas organizaciones civiles de derechos humanos impulsaron una acción urgente para que el Estado mexicano garantice los recursos suficientes para la operación de los esquemas que atienden a las mujeres víctimas de violencia en el país, pues de lo contrario dicha población vulnerable se verá afectada.

En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional (AI), Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios (RNR) y la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs) señalaron que en esa acción urgente –impulsada a nivel mundial-- se le exigirá a las autoridades mexicanas que aseguren los fondos de todos los programas que atienden a mujeres violentadas, para que de esta forma puedan continuar con su “labor fundamental”.

Los colectivos alertaron sobre la falta de claridad con respecto la forma en que los recortes presupuestales afectarán programas destinados a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, y ante la reducción de presupuesto para las CAMIs, “las cuales son espacios de primer acceso y escucha de las mujeres indígenas”.

De igual manera, recordaron que dicha acción urgente está precedida de una Carta Abierta que AI, Equis Justicia para las Mujeres y la RNR −apoyadas por 163 organizaciones de la sociedad civil−, le dirigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 6 de mayo de este año.

En ese documento, afirmaron, se les solicitó detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto de austeridad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril 2020, y si éstos cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Como resultado de dicha carta, las organizaciones civiles tuvieron una reunión con Sánchez Cordero el 22 de mayo pasado, en la cual estuvieron presentes las titulares de las dependencias gubernamentales a cargo de la atención a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, lamentaron, “en el encuentro no hubo respuesta clara a la pregunta planteada en la Carta Abierta. Al día de hoy, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) destinó la cantidad de 8.5 millones de pesos, de un total de 30 millones que se requieren para que las 35 CAMIs, existentes en regiones indígenas, puedan dar respuesta a la demanda creciente de las mujeres indígenas que enfrentan violencia de género, acceso a la salud sexual y reproductiva, y especialmente atención a mujeres embarazadas”.

De igual manera, a la fecha no ha sido posible tener otra reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, pese a que en el encuentro con Sánchez Cordero del 22 de mayo se acordó hacer reuniones mensuales para dar seguimiento al tema.

Por medio de la acción urgente, indicaron las organizaciones, “miles de personas en todo el mundo, podrán enviar cartas y mensajes de correo electrónico a la Secretaría de Gobernación, solicitando que se dé prioridad a la protección de los derechos de las mujeres, se garanticen recursos para las CAMIs y otros programas destinados a atender a las mujeres que viven violencia durante la pandemia y a lo largo de todo el año 2020”.