Ciudad de México. Durante la emergencia sanitaria han sido desalojadas de sus viviendas al menos 256 personas en la Ciudad de México, de las cuales 151 ya no pudieron pagar el alquiler debido a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

La Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat realizó un sondeo entre mil 498 capitalinos sobre vivienda a principios de mayo, y entre los resultados preliminares destaca que 62.8 por ciento ha tenido problemas para cubrir el pago de renta, mientras 61.5 por ciento consideró muy probable no poder pagar el alquiler en los próximos tres meses por la crisis económica.

Ante ese panorama, la coalición, en coordinación con organizaciones sociales y activistas en defensa del derecho a la vivienda, hizo llegar a la bancada de Morena en el Congreso capitalino una sugerencia de iniciativa de reforma al Código Civil para renegociar el pago de alquileres durante una emergencia sanitaria como la presente.

La propuesta establece que sólo en caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural o cualquier situación que paralice las actividades económicas se podrá solicitar la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento.

Se prevé que mañana Morena presente la iniciativa ante el pleno de la Comisión Permanente.

Controversias

La iniciativa establece que la ausencia de un contrato escrito impedirá que pueda realizarse un desalojo, aun por incumplimiento de pago de renta, hasta que no sea subsanado el documento. Además, el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de rescisión anticipada del contrato.

Al respecto, Silvia Emanuelli, de la coalición, precisó que la propuesta no propicia el despojo de vivienda, como advirtieron algunos vecinos en redes sociales, sino que fomenta la seguridad entre el arrendador y el arrendatario por medio de la formalización de un contrato.

El abogado y activista Carlos Escoffié abundó que la propuesta no busca beneficiar a una u otra parte, sino generar un acuerdo entre los dos en caso de una emergencia sanitaria.

La iniciativa también propone que el arrendamiento de una vivienda no podrá ser menor a tres años –en la actualidad es de un año–, y se prohíbe solicitar como garantía cualquier título de propiedad.

El arrendatario tiene derecho, además, a que no se le exija más de un mes de anticipo y a no pagar un depósito de garantía mayor al precio del primer mes de renta, así como a no ser víctimas de desalojos arbitrarios y/o ilegales y/o forzosos.

En caso de una desocupación o lanzamiento ordenado judicialmente, se tendría derecho a acceder a refugios temporales adecuados y acompañamiento gubernamental para acceder a una vivienda pública o privada.