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Protestan en Guanajuato por víctimas mortales del crimen organizado

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De enero a mayo, mil 135 personas han sido asesinadas con armas de fuego. Foto La Jornada
05 de julio de 2020 15:23

“Queremos justicia” y “queremos paz”, fue la exigencia de un grupo de ciudadanos que protestaron por el asesinato de 27 personas en un anexo el pasado primero de julio, por el homicidio del catedrático de la Universidad de Guanajuato (UG), Carlos Alberto Bernal Martínez y por las más de mil víctimas mortales que ha dejado el crimen organizado en el estado.

La marcha fue inhibida por mensajes difundidos en Facebook que afirmaban que el movimiento era organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que gente de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” atacaría a los participantes, comentaron los organizadores.

Unos 20 jóvenes, adultos, niños y Norma Bernal Martínez, hermana del maestro asesinado, se concentraron afuera del Parque Irekua, de ahí marcharon por la avenida Guerrero hasta Revolución y terminaron en el exterior de la Presidencia Municipal.

Antes de que iniciará la marcha, Norma Bernal pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se pongan a trabajar para que procuren justicia en el caso de su hermano, quien fue asesinado el 24 de junio, en el bulevar Arandas.

Lamentó que hasta el momento ni el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; ni el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, la han atendido o contestado los mensajes que les ha enviado.

La familia de Carlos Bernal solicitó la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no se las dieron argumentado que está de vacaciones el agente del Ministerio Público (MP) que lleva el caso, comentó Norma.

“Mi hermano era una persona intachable, un padre excelente” que dejó huérfanas a dos niñas de 4 y 8 años, comentó.

“Tengo miedo, personas me han dicho que ya me calle porque corro riesgo, hay muchos rumores de que están amenazados, que corremos riesgo” en participar en la marcha, refirió, al momento de hacer responsable a las autoridades si le pasa algo a ella o su familia.

La marcha se realizó en silencio y los participantes portaban pancartas que tenían frases como: “Exigimos justicia y seguridad”, “no olviden sus nombres” y “los que mueren por la violencia somos los pobres”, entre otras.

Al llegar a la Presidencia Municipal se leyó un posicionamiento por el asesinato de 27 personas, el pasado miércoles, en el centro de rehabilitación “Buscando el Camino a mi Recuperación”, ubicado en la comunidad de Arandas.

Los manifestantes exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales “que se esclarezcan los hechos de violencia ocurridos en centros de rehabilitación. Los usuarios de drogas también merecen verdad, justicia y garantías de no repetición”.

Solicitaron que el gobierno aumente la oferta de servicios públicos para el tratamiento de las adicciones, que regule los anexos, que deje de criminalizar a los usuarios de drogas ilícitas, que avance la legalización de sustancias sicoactivas y que garantice la reparación del daño a las familias de las víctimas del ataque del primero de julio.

A la manifestación llegó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, quien informó que comenzaron a revisar los anexos y a instalar filtros de seguridad en diversos puntos de la ciudad.

Al final de la protesta, el funcionario se reunió con la hermana del maestro de la Universidad de Guanajuato.

De enero a mayo, mil 135 personas han sido asesinadas con armas de fuego. En lo que va del año, han matado a 55 policías de diversas corporaciones. La violencia y los homicidios son generados por la lucha entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

Por el incremento de los homicidios, ciudadanos, políticos y legisladores han solicitado la remoción y el cese del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre; y del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.

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Alrededor de las seis de la mañana, hombres armados ingresaron a la casa del oficial, ubicada en la calle Manga de Caoba, en el fraccionamiento Manga del Pirul y perpetraron el crimen

En lo que va del año, 56 oficiales han sido asesinados en el estado.

El tres de julio, cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública estatal (FSPE) fueron acribillados en la carretera Apaseo el Alto-Jerécuaro.

La semana pasada fueron ejecutados tres policías de Silao y un elemento de las FSPE, además de que un comandante de la Policía de San José Iturbide murió cuando enfrentó a dos hombres armados.

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