La especialista, quien participó el viernes en el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (https://bit.ly/3eaAeny), explicó también las contradicciones en las que ha incurrido el Ejecutivo federal, respecto de la política cultural.

Para la crítica de arte, si no se tiene claro para qué sirve la cultura, será muy difícil apoyarla. Si hay que justificar, una y otra vez, la necesidad social de la cultura, estamos ante un panorama desolador. No se podrá alcanzar a calcular las consecuencias, si no se apoya a la cultura en estos momentos. Esa falta de apoyo nos regresa 30 años, a la necesidad de justificar la importancia de la cultura y a una situación de sobrevivencia.

También, agregó, tenemos un problema de cables cruzados con los funcionarios públicos cuya función es fomentar el acceso a la cultura que, muchos de ellos igual, consideran no esencial. De otro modo, no se entiende que sean los primeros en sacar las tijeras, para recortar presupuestos, programas, plazas o lo que haga falta, para, en teoría, ayudar a paliar la crisis.

Los artistas y creadores que votamos por López Obrador, que estábamos dispuestos a ser parte de la transformación, estamos siendo marginados”, añadió la investigadora. “No sólo estamos siendo ignorados, sino desautorizados, completamente minimizados.

No es una metáfora, ni canción de Charly García, pero los teatros, los museos, las zonas arqueológicas, los archivos históricos, los trabajos de las personas pueden desaparecer. Descanse en paz el teatro Julio Jiménez Rueda. Hoy se están adelgazando a límites preocupantes las infraestructuras culturales públicas. Corremos el riesgo de que algunas de ellas mantengan su presencia física, pero que acaben perdiendo definitivamente su sentido social, su función pública.

La también integrante del Frente Amplio de Trabajadores de Arte y Cultura recordó que el pasado 23 de abril se publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, en el que se señala un recorte de 75 por ciento al gasto operativo, servicios y materiales y que todo gasto debe destinarse en favor de lo que son sólo los proyectos prioritarios, lo cual, para la cultura es gravísimo, pues muchos de los trabajos se realizan con base en el denominado Capítulo 3000.

En ese mismo decreto, agregó, se enlista hasta el final la cultura y sólo representada por el Proyecto Cultural Chapultepec, al que se han destinado, sólo para él, más de mil 600 millones de pesos. Es decir que lo prioritario es, más bien, lo único, lo absoluto.

Este viernes 3 de julio se emitió otro decreto presidencial acerca del programa sectorial de cultura, que se puede traducir como pura retórica al apuntar que la cultura es un derecho humano, las políticas públicas en materia de cultura deben ser incluyentes, los creadores mexicanos de todas las disciplinas merecen que los canales de exhibición y distribución de su obra se diversifiquen, se multipliquen y se democraticen.

Todo eso en el discurso es maravilloso, destacó la activista, “eso es lo que todos quisiéramos que estuviera pasando, pero en la práctica la realidad resulta excluyente.

La política pública cultural y sus contradicciones nos tienen muy frustrados, sin entender cómo participar en la llamada Cuarta Transformación, concluyó Minera.