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Impugnará CFE laudo perdido en Londres

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La fallida planta generadora de electricidad sería construida en Chicoasén, Chiapas. Foto Marco Peláez/Archivo
02 de julio de 2020 20:42

Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que impugnará una decisión internacional para pagar una sanción de 200 millones de dólares tras la fallida construcción de una planta generadora de electricidad en Chiapas.

Se trata de un laudo que perdió ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, luego que en 2015 la firma Caabsa, en conjunto con la empresa energética china, Sinohydro, ganaron una licitación para construir una central eléctrica que representaba una inversión de 386 millones de dólares.

La central se ubicaría en Chicoasén, Chiapas, y tendría capacidad para generar 240 megavatios. Dicha licitación se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, dijo la CFE este jueves en un comunicado.

 

 

 

 

Las empresas ya habían demandado a la CFE en Londrés en octubre de 2016 y apenas se dio a conocer el laudo que perdió la empresa productiva del Estado e implica un pago de 200 millones de dólares.

“Se trata de una herencia litigiosa de la pasada Administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados” expresó la CFE.

Precisó que hasta el 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después.

“Al igual que en los demás casos de naturaleza arbitral, la presente Administración vigiló el desarrollo de esa etapa culminante de la controversia”, detalló.

Expuso que el resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, la CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona, hecho que “evidentemente y de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta empresa productiva del Estado”.

 

 

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