Ciudad de México. La emergencia sanitaria en México por la Covid-19 a colocado a decenas de miles de migrantes en peligro, pero las acciones y omisiones del Estado mexicano en materia migratoria suman a este riesgo y vulneran los derechos de alrededor de 100 mil personas migrantes y solicitantes de asilo, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En el informe “Propuesta de rutas de alternativas a la detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia del Covid-19”, presentado este jueves por el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) UNAM, se señala que a pesar de las acciones paliativas recientemente anunciadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), la autoridad migratoria ha sido omisa en garantizar condiciones adecuadas de atención de los migrantes que son detenidos en México, y en prevenir el riesgo de contagio.
El informe indica que en México hay unos 100 mil migrantes en riesgo ante la pandemia, entre ciudadanos mexicanos y centroamericanos que han sido deportados de Estados Unidos, ciudadanos detenidos por las autoridades migratorias mexicanas y solicitantes de asilo que están esperando la resolución de sus casos en diferentes partes de México.
Y, aunque hay resoluciones judiciales en favor de las personas migrantes, y requerimientos específicos al respecto de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “la respuesta de las autoridades mexicanas impide garantizar los derechos vulnerados y es consistentemente elusiva”. El informe añade que ninguna autoridad han definido una estrategia o acciones dispersas para atender a las personas migrantes en condición de riesgo ante la pandemia.
En algunos casos, autoridades mexicanas han repatriado a migrantes presentes en el país sin existir condiciones para ello por el cierre de fronteras, o forzado a migrantes a desplazarse en México con el objeto de encontrar un camino informal a sus países de origen. Y aunque las autoridades locales, estatales y de salubridad podrían coordinarse con las autoridades federales para asegurar condiciones de atención, no lo han hecho, lo que ha generado una respuesta dispar, ad hoc, limitada en alcance y resultados que potencia el riesgo y que tendría graves costos humanos en caso de verificarse un brote de la pandemia en estos grupos.
Las organizaciones firmantes del informe piden la implementación de un programa que asegure tener en el centro la opinión y necesidades de las personas migrantes; que se favorezca urgentemente la regularización migratoria de las personas que lo requieran para tener acceso a otros derechos y servicios, además de evitar el riesgo de detención y deportación; y que se de prioridad en la respuesta a aquellas personas en situación de riesgo (adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niñas, niños y adolescentes, entre otros) y a las que se encuentran en estancias provisionales tipo A, B y estaciones migratorias de limitada capacidad.
Al presentar el documento en una videoconferencia, Soraya Vázquez, de la organización Al otro lado Tijuana, y Diana Martínez, de la Coalición Internacional contra la Detención,
señalaron que la pandemia ha dejado a los migrantes en una situación de abandono de parte de las autoridades, con infinitas necesidades y ningún programa institucional que las atienda. “Las organizaciones de la sociedad civil estamos sintiendo que somos nosotras las que llevamos sobre los hombros esta emergencia”, dijeron.
Jorge Romero, de OXFAM México, señaló que las medidas propuestas en el informe no implican que el Estado mexicano tenga una política radicalmente distinta a la que ya tiene en las normas. “En el papel, en México, se protegen los derechos, lo que estamos pidiendo es que se cumpla”.
