La repetición constante de una conducta delictiva que logra prevalecer y multiplicarse con éxito se denomina delito por simpatía
. Y esa figura es la que se afianzó y expandió como nunca en México, en manos de una pandilla cleptómana e irresponsable que en las pasadas administraciones organizó el saqueo más desmesurado de las riquezas patrimoniales y de las empresas estratégicas del Estado. Todo para beneficio de un cártel delictivo gubernamental que provocó, en los seis años del gobierno anterior, la multiplicación en 182 por ciento de la deuda pública histórica del país.
Esos saqueadores ineptos sólo supieron robar y no tuvieron capacidad alguna para gobernar y, menos, para cuidar el patrimonio nacional. Por ello, en lugar de conservar y proteger esas instituciones y corporaciones del Estado, encomendando su administración y desarrollo a profesionales capaces, independientes e idóneos, debidamente auditados, como se hace en las grandes empresas mundiales con todo éxito, optaron por desmantelarlas, corromperlas, endeudarlas o rematarlas, junto con todos los recursos y riquezas que eran patrimonio público de los mexicanos, para así consumar ese saqueo en beneficio propio o de terceros, ya que, si todo ese patrimonio lo hubieran sabido conservar y manejar para hacerlo producir, habrían enriquecido al país y a cada mexicano. Y hoy, todo ello, sólo significa una pérdida mayúscula e irreparable para la nación.
De esa manera, los depredadores gubernamentales entregaron las instalaciones portuarias construidas por México a consorcios extranjeros para que se enriquecieran hasta por 100 años. Lo mismo realizaron con los aeropuertos e instalaciones que eran del Estado y que, ahora, disfrutan y explotan unos cuantos beneficiarios. Igualmente, pignoraron inmensos territorios mineros con criterios coloniales y a precios irrisorios.
Asimismo, privatizaron
grandes carreteras y autopistas, así como toda la red ferrocarrilera, que eran patrimonio público y que ahora les reditúan a empresarios privados. Lo propio repitieron creando cárceles particulares innecesarias que le han costado al país cantidades enormes, absolutamente injustificadas.
De igual modo, firmaron tratados internacionales que permitieron a grandes sectores de la producción automotriz convertirse en ínsulas maquiladoras, oligopólicas e intocables, libres de impuestos y del control fiscal, en un régimen de excepción injusto y esencialmente contradictorio a los principios de un verdadero libre comercio para todos y sin privilegios. Asimismo, quebrantaron una encomiable tradición cardenista y moralizante del país, llenando nuestro territorio de casinos y casas de juego que explotan y exaccionan a la población local y, en especial, a viudas y jubilados.
Violando principios constitucionales, dispusieron de playas y litorales para beneficiar al capital extranjero, quedando en México los salarios exiguos. Y, como corolario, eximieron a sus socios y cómplices del pago de impuestos, al igual que a las mafias del ambulantaje y la informalidad. En tanto que al resto de la población le ratificaron las más altas contribuciones, asediándola con extorsiones y amenazas.
A todo lo anterior hay que agregar la colusión aduanal que ha solapado la subfacturación de mercancías en detrimento de la formalidad y de la legalidad. Asimismo, han negociado y prostituido las internaciones migratorias, coludiéndose con polleros y hampones para incentivar la trata de personas. Del mismo modo han entregado las calles y los espacios públicos a pandillas de explotadores, mientras el comercio formal es extorsionado por la delincuencia y por la burocracia corrupta.
Ese saqueo descomunal, su enriquecimiento desmedido y su ineptitud notoria acabaron por descalificar masivamente a esos cleptómanos que fueron expulsados del poder. Convocando a un cambio radical que ahora, a diario, tiene que enfrentarse a ese cártel del atraco, en condiciones profundamente adversas, en razón de una estructura burocrática mayormente incapaz, corrupta e inamovible; así como también a un sistema legal y administrativo ineficiente, obsoleto y evidentemente injusto que continúa al servicio de la corrupción, salvo honrosas excepciones.
En estas condiciones, es indispensable entender que esta lucha no es contra la productividad ni contra el desarrollo privado. Eso lo ha de-mostrado la actual política financiera que ha mantenido el valor del peso, reduciendo la inflación y evitando el endeudamiento gubernamental. Al haber recibido finanzas públicas en quiebra y el patrimonio nacional saqueado, la obligación primi-genia es la de contener y evitar ese atraco mientras se reconstruye la capacidad presupuestal del Estado con los impuestos que se deben y tienen que pagar por todos, sin excepciones corruptas.
Frente a esa realidad, los beneficiarios y promotores de la corrupción en México han reaccionado con virulencia, emprendiendo una campaña feroz de difamación y desprestigio, a la que es indispensable responder con entereza, mientras se transforma, de manera irreversible, todo el sistema legal y administrativo, antes de que sea demasiado tarde.
