Pekín. La legislatura de China comenzó el domingo a revisar un controvertido proyecto de ley de seguridad nacional para Hong Kong que, según críticos de todo el mundo, comprometerá severamente los derechos humanos en el territorio chino semiautónomo.
El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo asumió el proyecto de ley al comienzo de una sesión de tres días, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Pekín ha dicho que está decidido a promulgar la ley, y se espera su aprobación para el martes.
Estados Unidos dice que responderá poniendo fin a los términos comerciales favorables otorgados a la antigua colonia británica después de que pasó al control chino en 1997. El Senado estadunidense aprobó el jueves por unanimidad un proyecto de ley para imponer sanciones a empresas e individuos, incluida la policía, que socaven la autonomía o restrinjan las libertades prometidas a los residentes de Hong Kong.
El proyecto de ley estadounidense apunta a las unidades de policía que han tomado medidas enérgicas contra los manifestantes de Hong Kong, así como a los funcionarios del Partido Comunista Chino responsables de imponer la ley de seguridad nacional. La medida también impondría sanciones a los bancos que hagan negocios con entidades que violan la ley.
La semana pasada, un exjefe de derechos humanos de Naciones Unidas y ocho exenviados especiales de la ONU instaron al secretario general del organismo a designar un enviado especial en Hong Kong sobre lo que dijeron que es una “tragedia humanitaria” pendiente. Gran Bretaña ha dicho que otorgará pasaportes a hasta 3 millones de los 7,8 millones de habitantes de Hong Kong.
Beijing ha denunciado todos estos movimientos como una grave interferencia en sus asuntos internos.
La ley china penalizaría la secesión, la subversión del poder estatal, las actividades terroristas y la colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional. Los críticos dicen que los estatutos legales de Hong Kong ya explican tales asuntos y que Beijing está decidido a usar la ley para perseguir a opositores políticos.
